Los defensores del pueblo de España y de las comunidades autónomas han reclamado a las instituciones la implantación en todo el Estado de una prestación económica o modo de renta mínima para familias en situación de exclusión social que cubra las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción sociolaboral.
Esta es una de las peticiones recogidas en la declaración aprobada en las Jornadas de Coordinación de Defensores de Pueblo, que concluyeron ayer en Vitoria bajo el título Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social económico: respuesta de los poderes públicos.
El texto, respaldado por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, y los nueve defensores autonómicos, señala que el apoyo socioeconómico resulta ñesencialO para todas las familias afectadas por la grave crisis y que se encuentran en riesgo o en situación de severa exclusión social.
Por ello, reivindican a los poderes públicos que ñprocurenO la existencia en toda España de una prestación económica que ayude a estas familias, aunque en algunas comunidades, como el País Vasco y Navarra, ya están implantadas esas prestaciones a través de diferentes ayudas sociales, según recordó en rueda de prensa el defensor del pueblo vasco, Íñigo Lamarca.
En relación con la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de niños y de dependientes, los defensores pidieron a las administraciones que continúen aprobando subsidios directos o indirectos a la contratación y que profundicen en cambios normativos que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y la participación activa de los hombres en las responsabilidades familiares.
