Los Defensores del Pueblo del Estado han solicitado a las administraciones públicas que pongan en marcha una prestación económica para garantizar una "vida digna" a las familias más desfavorecidas. Asimismo, han reclamado que el presupuesto destinado a políticas familiares se incremente en un 49,6%, con el fin de acercarse a la media europea.
Estas propuestas han sido presentadas durante las Jornadas 'Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos', que se celebran en Vitoria.
El Defensor del Pueblo español y los nueve homólogos que existen en algunas autonomías, entre ellas el Síndic de Greuges de Catalunya, proponen, en una declaración conjunta, diversas recomendaciones para mejorar la atención de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social "severa" por la crisis económica.
Ante esta situación, señalan que "los poderes públicos competentes deben procurar la existencia en toda España de una prestación económica, cuyo objeto sea cubrir las necesidades asociadas a una vida digna" y que esté ligada a la inserción sociolaboral. Actualmente, este tipo de prestaciones tan sólo existen en algunas comunidades autónomas. Las ayudas más significativas son las existentes en Euskadi y Navarra, dado que suponen más de la mitad de todo el presupuesto existente para este tipo de prestaciones en toda España.
ELIMINACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL Y ENERGÉTICA
A su juicio, las resoluciones relativas al reconocimiento del derecho a estas prestaciones deberían dictarse "con prontitud y dentro de los plazos legalmente establecidos". Además, se destaca que las políticas públicas deben fijarse como prioridad la eliminación de la pobreza infantil y de la pobreza energética, "habilitando para ello medidas e instrumentos eficaces".
Por otra parte, la declaración señala que en el Estado español, los recursos destinados a políticas de protección de las familias supone, según los últimos datos disponibles, el 1,5% del producto interior bruto (PIB), mientras que la media europea se sitúa en el 2,26%. Los Defensores del Pueblo consideran que habría que en España habría que llegar al menos a la media europea en esta materia, para lo que sería necesario incrementar los recursos en un 49,6%.
La declaración también alude a la necesidad de articular medidas para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de familias en situación de vulnerabilidad --monoparentales, de rigen inmigrante o de etnia gitana, entre otras--. Asimismo, se hace un llamamiento a "considerar las nuevas realidades sociales" y nuevos modelos de familias, así como a reforzar los mecanismos para garantizar el derecho a una vivienda digna y posibilitar la conciliación laboral y familiar.
