Fue el anuncio más destacado de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el acto con el que se inauguró el año judicial, ante la "preocupación" que el "fenómeno delictivo" de la ocupación está produciendo en la sociedad, en un momento en que eran frecuentes las informaciones de casos en ciertos medios. En una instrucción, dirigida a coordinar la actuación de los miembros del ministerio público en toda España, Delgado les ordena que insten el desalojo de los ocupantes ilícitos de un inmueble, siempre que comprueben su titularidad y que sea morada, entre las que también se incluyen las segundas residencias.
A lo largo de 26 páginas, se instruye a los fiscales para que insten al juez "como medida cautelar el desalojo de los ilícitos ocupantes y restitución del inmueble a sus poseedores en los delitos de allanamiento de morada y usurpación", salvo que se constate que la ocupación se desarrollaba con tolerancia del legítimo morador. Precisa que cuando el inmueble no parezca gozar de un uso actual o una expectativa de uso actual se deberá tener en cuenta otras circunstancias.
PREOCUPADOS POR LOS VECINOS
En opinión de la fiscal general, no solo se debe tener en cuenta a las víctimas o perjudicados del delito, sino también a sus vecinos, a los que les pueda producir un perjuicio en el disfrute de sus derechos.
Cuando se detecte en las personas que ocupen el inmueble una especial vulnerabilidad, con menores o personas con discapacidad, por ejemplo, los fiscales deberán comunicárselo a los servicios sociales simultáneamente que instan el desalojo, para que se adopten las medidas necesarias.
