Tanto la ley general de telecomunicaciones en España como la directiva europea sobre el spam permiten el envío de "comunicaciones publicitarias o comerciales" a través de correo electrónico siempre y cuando exista una relación contractual previa entre ambas partes.La ley, sin embargo, recoge la posibilidad de que el usuario pueda oponerse de forma "sencilla y gratuita" a que sus datos sean utilizados con fines promocionales.