La Guardia Civil detuvo ayer a dos hermanos propietarios de una residencia geriátrica de Soto del Real (Madrid) por la muerte de una anciana de 101 años el pasado 7 de julio, una semana antes del cierre del centro tras una denuncia de la fiscalía al apreciar peligro para sus residentes. La fallecida presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación.
Ayer fue detenido Carlos P. B., propietario de la residencia Arzobispo Morcillo junto a su hermano, que ya había sido detenido el 15 de julio. Ambos son presuntamente responsables de la muerte de la residente centenaria. Además de un delito de homicidio imprudente, están acusados de un delito de lesiones y otro contra la salud pública.
Fue un sobrino de la interna centenaria el que denunció que la muerte podía estar relacionada con el trato que la mujer recibía en el centro. Les acusó de no suministrar la medicación adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz, donde había sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores.
La Comunidad de Madrid decidió cerrar durante un año esta residencia de gestión privada, tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos, ni la alimentación necesaria de los ancianos. La decisión la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó tras una visita rutinaria.
La fiscalía precisó que no funcionaba la nevera donde debían conservarse los medicamentos. También detectó «bastante suciedad, falta de higiene y comida en dudoso estado de conservación». Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras, y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua. Además de decretar el cierre, la Comunidad de Madrid impuso una sanción de 127.000 euros a los propietarios.
