El mismo día que entra en vigor la reforma educativa planeada por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y aprobada en el Parlamento (ley Celaá'), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anunciado una normativa propia. Educación es una competencia transferida a las comunidades autónomas y el principal partido de la oposición ya anunció que en las regiones donde gobierna haría todo lo posible para minimizar el efecto de una ley que tiene por objetivo empoderar la escuela pública y que ha puesto en pie de guerra a la concertada. El PP ha anunciado varias veces que recurrirá ante los tribunales la reforma educativa, que es la octava de la democracia y que deroga la LOMCE, conocida por el apellido del ministro del PP que la impulsó, 'ley Wert'.

En una calculada visita a un centro de educación especial (otro de los puntos conflictivos de la 'ley Celaá', que opta por la inclusión escolar y por dar un plazo de 10 años para que las escuelas ordinarias se doten de recursos para poder atender a niños con necesidades especiales), Díaz Ayuso ha informado de la inmediata tramitación de la llamada ley maestra de libertad de elección educativa. El Ejecutivo regional se pondrá mañana -20 de enero- a redactar el texto, que será remitido a la Asamblea para su aprobación definitiva. La futura norma establecerá que la Comunidad podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público. Al contrario que en la LOMCE en la 'ley Celaá' (LOMLOE), las autoridades políticas solo pueden ceder suelo público a escuelas públicas. La norma madrileña "garantizará la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular", ha insistido Díaz Ayuso.

La 'ley Celaá' no elimina ningún colegio concertado, pero los partidos de la derecha siempre han enarbolado la bandera de la "libertad" que tienen los padres a la hora de escoger la escuela de sus hijos. En numerosas comparecencias, la ministra de Educación, Isabel Celaá, siempre se ha mostrado a favor de esa libertad. Sus detractores, sin embargo, consideran que la ley es ambigua y que deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de quitar plazas en la concertada para aumentar las de la pública. La ley quita la expresión 'demanda social', requisito incluido en la LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. La 'ley Celaá' insta a la concertada a asumir su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos de familias más desfavorecidas económicamente.