En España, desde el 1 de enero, 15 mujeres han sido asesinadas por sus novios y maridos, el peor arranque de año en violencia de género en la última década. La última ha muerto en Cataluña. Leydi, madre de cinco hijos, fue acuchillada ayer al terminar su turno de limpiadora en la escuela de Santa Perpetua. Leydi había denunciado hasta en tres ocasiones distintas a su homicida. En septiembre del 2016 se archivó una causa abierta por amenazas de él a petición de la fiscalía. En noviembre, presentó otra denuncia y un juzgado de Sabadell le impuso al hombre una orden de alejamiento de 500 metros. En enero, el agresor quebrantó la orden y ella lo denunció por última vez. El mismo juzgado amplió la medida de protección a 1.000 metros. El juicio, que ya no podrá celebrarse debido al fallecimiento de la mujer, estaba previsto para el mes de abril. Cuando su asesino la esperaba a la salida del trabajo, casi de madrugada, Leydi estaba sola. Ninguna de las tres denuncias que se atrevió a presentar sirvió para nada.

Pilar Martín Nájera, la fiscal de la sala delegada para la Violencia sobre la Mujer, admitió, antes de entrar en la Subcomisión del Congreso para el estudio de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que el sistema judicial «no ha sabido valorar adecuadamente el riesgo que corría».

Ayer, en Móstoles (Madrid), el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo a la expareja sentimental de una mujer que apareció sin vida en una bañera en su domicilio de Gandía (Valencia). Una española de 49 años que era Guardia Civil y que estaba de baja por enfermedad. El arresto del hombre ha sido, de momento, por no respetar la orden de alejamiento que pesaba sobre él. La autopsia debería ayudar a confirmar si es el responsable de su muerte.

Se da la circunstancia que estas dos mujeres, la de Santa Perpetua y la de Gandía, habían denunciado los malos tratos que les infligían los hombres con los que compartían la vida. No es habitual. La inmensa mayoría de las muertes se corresponden con mujeres que no lo habían hecho.

Durante el pasado año, 1.519 agresores incumplieron las medidas cautelares que habían acordado los jueces para proteger a una mujer amenazada. La utilidad de las órdenes de alejamiento, según Ester Garcia, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jurídicas, «funciona para hombres que teman afrontar consecuencias penales» que puede acarrear quebrantarlas. Pero no para proteger a las mujeres de agresores que solo piensen en matarlas.

Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona, «todos los asesinatos son un fallo del sistema». La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, pedirá hoy en la Subcomisión parlamentaria para alcanzar un Pacto de Estado contra el «terrorismo machista», que no se cambie la Ley Integral del 2004. «Si no cambias la sociedad hacia la igualdad indubitada entre hombre y mujer, no va a cambiar nada”, avisa.