Dos especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA) se desplazarán el 3 y 4 de mayo, junto a un inspector de la Policía Nacional, a Burdeos (Francia) para colaborar en una investigación criminal atendiendo una solicitud de la Gendarmería del país vecino.

El médico forense Salvador Baena y la psicóloga Cristina Andreu realizarán un asesoramiento técnico pericial y científico en una investigación criminal en el país vecino y podrían emplear el estudio de los potenciales evocados cognitivos mediante electroencefalografía, apuntan desde el Departamento de Presidencia del Gobierno aragonés, del que depende el IMLA.

Esta prueba ya se ha aplicado por profesionales del IMLA en casos como la búsqueda de un cadáver en la localidad de Ricla y la búsqueda del cadáver de Publio Cordón en Mont Ventoux.

Esta prueba pionera en Aragón trata de analizar los estímulos obtenidos de la investigación criminal para encontrar respuestas eléctricas cerebrales en los sospechosos, bajo la premisa de que éste no se comporta igual ante información que le es desconocida que ante aquella que reconoce.

Las fuentes apuntan que se trata de una técnica de exploración de la actividad cerebral del individuo mediante el estudio de la actividad electroencefálica y concretamente de los llamados potenciales evocados cognitivos, que se producen como reacción a la actividad cognitiva del sujeto.

Entre los que reúnen mayor interés se encuentra el llamado P300, potencial evocado que surge a partir de los 300 milisegundos de la presentación del estímulo.

Entre las aplicaciones de esta prueba neurofisiológica se encuentra la exploración de datos almacenados en la memoria del sujeto en relación a una actividad criminal concreta.

La prueba se basa en medidas directas del procesamiento cognitivo y no en medidas de reacciones emocionales, lo que aumenta su objetividad.

La sección de Recherches de Burdeos invitó a Baena y Andreu, junto a un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, a una reunión de trabajo relativa a los potenciales cognitivos mediante electroencefalografía.

Y les pidieron que presentaran casos concretos en los que estas técnicas se usaron en España, con fines de investigación criminal, así como colaboración en la investigación de un caso de homicidio que se está llevando en Francia, con el fin de evaluar la posibilidad de solicitar estas pruebas periciales.

La directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, informó favorablemente la comisión de servicios solicitada por los especialistas del IMLA para su desplazamiento a Burdeos para esta colaboración internacional.