Empeñado en dejar la lucha contra el cambio climático como pieza clave de su legado, buscando un papel de liderazgo para EEUU en ese terreno y escarmentado del bloqueo republicano en el Congreso, Barack Obama ha usado su poder ejecutivo para lanzarse a hacer historia. Ayer, su Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso una serie de reglas que en el 2030 reducirán un 30%, con respecto a los niveles del 2005, las emisiones de dióxido de carbono procedentes de las plantas térmicas de carbón y gas ya existentes.

El plan --que no fue presentado por el propio Obama, sino por Gina McCarthy, la administradora de la EPA-- es de momento un borrador de 647 páginas, abierto a un año de comentarios públicos y revisiones, y con plazos que se extienden hasta el 2018, lo que dejará buena parte de la responsabilidad en manos del sucesor o sucesora de Obama en la Casa Blanca. Pero es una hoja de ruta que representa lo que Al Gore calificó como "el paso más importante para combatir la crisis climática en la historia del país". Y asesta su golpe más duro a la industria del carbón: de las 1.600 plantas eléctricas de EEUU, principales causantes de las emisiones del país por delante del transporte, cerca de 600 operan con carbón y el 63% de estas tienen al menos 40 años de antigüedad, lo que hará difícil que cumplan los nuevos parámetros y deberán cerrar.

FLEXIBILIDAD

El borrador da opciones a los estados y a las compañías eléctricas para que combatan las emisiones de las plantas eléctricas existentes (en septiembre del año pasado se regularon las emisiones de las de nueva construcción). Esas plantas pueden, por ejemplo, cambiar del carbón a gas natural, menos contaminante; expandir el uso de renovables como la eólica y animar a los usuarios a apostar por sistemas y electrodomésticos más eficientes o entrar en los mercados de emisiones. McCarthy dijo que esa "flexibilidad" es la que hace el plan "ambicioso pero alcanzable".

Obama, que ayer participó en una conferencia telefónica organizada por la Asociación Americana del Pulmón, defendió la medida como imperativa y recordó que "hasta ahora no ha habido límites en la cantidad de contaminación de carbono que las plantas eléctricas existentes pueden lanzar al aire". Y, además de asegurar que las directrices "ayudarán a proteger la salud de estadounidenses vulnerables, incluyendo niños y mayores", aseguró que tendrá beneficios económicos. "La factura eléctrica bajará", afirmó.

Obama también declaró: "En EEUU no tenemos que elegir entre la salud de nuestra economía y la de nuestros hijos. Podemos tener las dos". Pero la industria del carbón y su lobi intensificaron la campaña contra su plan. La Asociación Nacional de Minería, por ejemplo, asegura que el coste de la electricidad subirá hasta el 80%. Y la Cámara ha dicho que pueden perderse 224.000 empleos. Todos los extremos los desmintió McCarthy.

Aunque Obama ha usado su poder ejecutivo, encontrará también resistencia en el Congreso, y no solo de republicanos, sino de algunos demócratas de estados donde la industria del carbón tiene peso. Y hay quien vaticina ya una guerra legislativa que será "la Super Bowl de las políticas climáticas".