Ecologistas en Acción y la plataforma Retorna consideran que España recibirá un "castigo previsible" por mantener 31 "vertederos ilegales", tras el anuncio de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la gestión de estas instalaciones.

La Comisión Europea anunció ayer su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener activos veintiocho vertederos con orden de clausura y otros tres pendientes de regularización, todos ellos al margen de las leyes comunitarias desde 2009.

En sendos comunicados, Retorna y Ecologistas en Acción han denunciado la "situación inaceptable y con un fortísimo impacto ambiental" que ha "colmado la paciencia comunitaria" tras cinco años de advertencias y ultimátum.

Así, Ecologistas en Acción cree que se producirán posibles nuevas sanciones desde Europa y ha denunciado la falta de voluntad para enmendar la situación "si se tiene en cuenta la propuesta de Real Decreto, que permitirá el tráfico de residuos dentro del territorio nacional en pos de tratamientos más baratos y con peores resultados".

Por eso, ambas organizaciones han valorado positivamente los objetivos que la Comisión Europea ha establecido para el año 2030 y que suponen prohibir, en menos de un decenio, el vertido o incineración de residuos reutilizables y alcanzar un 70% de reciclado de residuos urbanos y un 80% en el caso de envases.

Hasta el momento las cifras españolas han sido completamente opuestas, resaltan estas organizaciones, ya que el 63% de los residuos eran enterrados, el 10% incinerados y únicamente el 27% se destinaban a compostaje o se reciclaban según cifras la oficina estadística europea, Eurostat.

Por su parte, la Comisión Europea considera que "ya ha dado suficientes advertencias a España" para forzar el cierre de los vertederos, y que el país "ya no tiene opción para solucionar la situación antes de que el Tribunal de Justicia dicte sentencia", según la nota de la plataforma 'Retorna'.

La denuncia se basa en "la pobre gestión" de residuos de España, que infringe la directiva europea de prevención de efectos negativos para la salud humana, el agua el suelo y el aire, y que ha llevado a Janez Potocnik, Comisario Europeo de Medio Ambiente a "urgir al Estado para que actúe y rectifique", agregan.