"En los argumentos nos dan la razón y luego en las conclusiones no archivan la queja". Así se lamentó ayer Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace en España, por la decisión que tomará Bruselas. La única explicación que encontró eran "las fuertes presiones políticas" que, a su juicio, ha ejercido el Gobierno español.
En la notificación, Bruselas apunta las claves de lo que hay que hacer en caso de vertidos, pero todas son lo contrario de lo que hizo el Gobierno. La nota afirma que hay que "proceder al remolque" del petrolero "para controlar las fugas y evitar la dispersión del petróleo en el mar, usando las mejores técnicas".
Bruselas también dice que todas las actuaciones deben estar dirigidas a "reducir al mínimo" los efectos del vertido. Pero, al valorar las medidas adoptadas por España sólo se refiere a las posteriores al hundimiento.
