La campaña del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los ciberdelitos empieza a dar visibles y ejemplificadores resultados. El fiscal general, John Ashcroft, anunció ayer que decenas de personas han sido detenidas en la operación Slam Spam, primer fruto de la aplicación de la ley aprobada en diciembre por el Congreso estadounidense para combatir el correo basura o spam .

Un día antes, el mismo departamento había anunciado los resultados de otra operación encubierta del FBI contra internautas que intercambian archivos, contra los que la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) también ha intensificado sus acciones, con 744 nuevas demandas en los tribunales estadounidenses.

La operación contra el denominado correo basura, que supone ya el 65% del correo electrónico y que sólo en EEUU provoca pérdidas de 8.000 millones de euros anuales, ha sido fruto de un año de trabajo de las agencias federales y compañías de internet. Los detenidos --que se enfrentarán ahora a fuertes multas y condenas de hasta cinco años de cárcel-- no sólo incluyen a los que llevan empresas que envían esos mensajes sino también individuos y grupos que están detrás de timos en internet que implican, entre otros delitos, el robo de datos personales y de tarjetas de crédito.

MENSAJE A LOS LADRONES La operación contra los archivos compartidos, en palabras de Ashcroft, "manda un claro mensaje a los ladrones cibernéticos que roban el duro trabajo y la innovación de otros. Puedes pagar el precio justo por música, películas, programas de ordenador y videojuegos como el resto de los consumidores --dijo el fiscal general-- o puedes pagar un precio mucho más alto cuando eres atrapado cometiendo un robo en internet".

Esas redadas se registraron en Tejas, Nueva York y Wisconsin, en cinco casas y un proveedor de internet vinculado al grupo Underground Network. Esta es una red con cerca de 7.000 miembros que usan un programa punto a punto (P2P) llamado Direct Connect , que permite compartir archivos entre ordenadores.

La operación alinea a las autoridades estadounidenses con las principales organizaciones de la industria del entretenimiento en su lucha contra las violaciones en las leyes de derechos de propiedad. La asociación de las discográficas ha sido hasta ahora la más activa en esa lucha y, teniendo en cuenta las últimas 744 demandas, ya ha denunciado a 4.680 personas por compartir ilegalmente archivos en internet.