La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de EEUU reconoce el derecho de los trabajadores a expresar a través de las redes sociales sus quejas o diferencias con el trabajo o los superiores. De ahora en adelante dar 'me gusta' a páginas que no son afines a la empresa o compartir publicaciones manifestando el descontento personal por la situación laboral, no serán motivos de despido. Ahora, son un derecho del trabajador.
El escenario ha cambiado pero la práctica es la misma. Todo el mundo ha criticado alguna vez a los jefes o las condiciones laborales (los horarios, el sueldo, las responsabilidades...). La diferencia es que antes se hacía en lugares donde sabías que ni el jefe ni nadie que te pudiera comprometer estaría escuchando. Lo compartías con gente de confianza y se quedaba en ese sitio, entre pocas personas.
Ahora los tiempos han cambiado y con el 'boom' de las redes sociales los usuarios han olvidado, entre muchas cosas, la discreción. Este es un hecho y la sociedad tiene que adaptarse. Y así lo han hecho los estadounidenses, que han aceptado el cambio y están dispuestos a llevarlo a cabo legalmente.
LOS ANTECEDENTES
En el 2011, en una localidad del estado de Connecticut, un extrabajador de un bar, llamado el Triple Play Sports Bar and Grille, publicó en su cuenta de Facebook una queja sobre las condiciones laborales del establecimiento. Dos empleados que en aquel momento trabajaban en el bar le pusieron 'me gusta' en la publicación. Cuando la empresa supo que habían intervenido en el comentario les despidió a ambos. El pretexto fue "falta de lealtad".
Ahora la Junta Nacional de Relaciones Laborales ha dado un plazo de escasos días para que la empresa vuelva a contratar a los dos empleados que despidió, ya que considera que lo que hicieron fue "debatir un problema laboral". El establecimiento recurrirá a la sentencia del organismo porque no considera legítimo la justificación del organismo.
La CNN expone el caso de un abogado, Brian Spitz, especializado en tratar temas laborales relacionados con las redes sociales. El representante judicial apela que la complicación reside en querer "aplicar leyes de 20, 30 o 50 años a una nueva generación de tecnología".
