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Canarias

Ejecutan el desahucio de una mujer que había saldado la deuda y estaba en coma

La hija menor fue desalojada para cambiar la cerradura y sellar la puerta de la vivienda sin darle tiempo a recoger sus pertenencias y con la madre ingresada en el hospital

 

Ejecutan el desahucio de una mujer que había saldado la deuda y estaba en coma -

J.A. MEDINA
23/02/2021

La vivienda de una mujer que se encontraba ingresada en un centro hospitalario desde el día anterior en estado de coma fue desalojada por orden judicial el jueves pasado, después de que la hija menor (17 años) de la afectada tuviera que abandonar la casa. Ocurrió en la calle Mata, de San Isidro (Granadilla de Abona), según hicieron público los colectivos sociales El Pueblo Tiene Hambre y Plataforma 29E. Los mismos que el viernes de la semana pasada acudieron al Diputado del Común para denunciar que 130 familias de Tenerife (Canarias) se encuentran amenazadas de desahucios inminentes.

Uno de los casos más urgentes de resolver es el de esta familia de San Isidro, formada por la madre y sus dos hijas, que cuentan con un alquiler social contraído con la empresa Servihabitat desde hace tres años, si bien la propiedad actualmente le corresponde a BuildingCenter, según las mismas fuentes. En su relato de los hechos, los colectivos manifiestan que en enero las afectadas recibieron una comunicación del juzgado en la que les informaban de la existencia de un impago por una cuantía determinada como deuda de alquiler, “advirtiendo a la madre de que, en caso de no abonar dicha cantidad en el plazo indicado, se procederá al lanzamiento judicial con fecha 18 de febrero”. Aseguran que la mujer abonó “lo que se le pide” –casi 2.000 euros, según su hija– y que la misma “entiende que el asunto queda solucionado”, además de que “desde la entidad financiera le dicen que ellos se encargan de avisar al juzgado”.

Pérdida de conocimiento

Sin embargo, de lo sucedido desprenden que esa comunicación “no se produjo”, toda vez que el 18 de febrero se personan en la vivienda para ejecutar el desahucio. El día anterior, la mujer, diagnosticada como diabética, “sufre una subida de azúcar y pierde el conocimiento, con tan mala suerte que se golpea en la cabeza al caer y queda en coma, situación en la que está desde el pasado miércoles”. Ayer despertó de ese estado, si bien desconoce lo sucedido ya que están a la espera de informarla debidamente, una vez le realicen las pruebas médicas correspondientes para determinar el alcance de su estado.

Los colectivos sociales aseguran que al día siguiente se materializó el desahucio con el cambio de la cerradura y el sellado de la puerta del número 14 de la calle Mata, “sin pensar en lo que acababa de ocurrir, dejando a una menor de edad en la calle, sin asistencia y sin tan siquiera poder acceder a la casa para recoger sus pertenencias”. Se da la circunstancia de que a Alba, la hija mayor (19 años), le sorprendió esta situación cuando está pasando unos días en la Península, de donde trata de regresar “lo más rápido posible”.

Es ella quien confirma que el contrato de arrendamiento de la vivienda “está en vigor hasta septiembre y, de hecho, figuramos como inquilinas a día de hoy, porque estamos al día en los pagos”. La joven no se explica qué ha podido ocurrir, porque entiende que no se dan las condiciones para un desahucio, pero “han dejado en la calle a una mujer enferma, a una menor y a una familia sin recursos y sin ayuda de ningún tipo”. Además, se encuentran con el problema añadido de que “no nos han dejado sacar nada de la vivienda”. “Estamos solas”. Alba tiene claro que alguien tendrá que dar explicaciones y pedirá responsabilidades ejerciendo las acciones a las que tenga derecho. “Es injusto lo que nos ha ocurrido”. Los colectivos denunciantes aseguran estar “a la espera de saber qué han hecho o piensan hacer desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona”, al que llaman la atención por el hecho de que en sus dependencias de Servicios Sociales “figura colgado, desde hace meses, un cartel advirtiendo de que están cerrados”.

Desde el gobierno municipal transmitieron ayer que “al Ayuntamiento no se le ha informado ni antes ni después del desahucio”. De hecho, la última información de la que dispone antes de lo sucedido ahora es que “el desahucio estaba parado”. En todo caso, el Consistorio “ha actuado de intermediario y ha prestado labor de asesoramiento aportando las ayudas de alimentos pertinentes”.

El caso de mayor crueldad

El Pueblo Tiene Hambre y Plataforma 29E llevan “muchos años a pie de calle defendiendo a la gente que peor está”. Sin embargo, “pocas veces nos habíamos encontrado con un caso de vulneración de derechos y de crueldad tan flagrante como este”. En esa línea, se preguntan “por qué no se respetó el Real Decreto vigente que establece la prohibición de ejecutar desahucios hasta el 9 de mayo, si se cumplen unas condiciones que la familia cumple, sin duda”. Otra de las preguntas sin respuesta que se hacen es “dónde estaban los Servicios Sociales”, además de “cuál fue la actuación de la policía durante el suceso”.

Acogida por unos amigos

Hasta el momento, mientras su madre se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), la menor desahuciada está acogida por una familia amiga, lo mismo que ocurrirá cuando retorne su hermana Alba a la Isla, según manifestó esta a EL DÍA. Pero el objetivo de la joven es “recuperar la vivienda y nuestras cosas”. Al tiempo, se muestra muy preocupada por la repercusión que el desahucio vaya a tener en la salud de su madre cuando se entere de lo sucedido.

Eloy Cuadra, activista social implicado en estos colectivos, espera una actuación de oficio por parte de la autoridad judicial “para depurar las responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse” de estos hechos, de los que los grupos sociales responsabilizan a la propiedad, al Ayuntamiento “y hasta de los propios funcionarios que ejecutaron el lanzamiento, por lo que parece sin que se tomaran las debidas garantías”. Asimismo, exigen que les sea devuelta la casa que tenían pagada hasta marzo y permitan a las hijas acceder a sus pertenencias.

Este caso es un ejemplo de que “es más urgente que nunca que la emergencia habitacional que sufre Canarias sea puesta como prioridad en el debate social y político”. En ese marco, demandan que las administraciones públicas canarias tomen partido explícito por la regularización de la situación habitacional de las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario en virtud del Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre. Asimismo, plantean “que se ponga freno a la mala praxis y las presuntas irregularidades que se observan en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y empresas y la administración”, citando a Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda; la firma de “acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares” y la retirada de los fondos públicos “de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife”. Plantean la subida del IBI como fórmula para “liberar casas para alquiler social y evitar una especulación desmedida”.

 
 
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