Mientras el juez lanza la pelota al tejado del fiscal y éste se la devuelve, un presunto violador goza de libertad desde principios de mes por un error judicial que no permitió prorrogar a tiempo su situación de prisión provisional. Consciente del desaguisado, el presidente de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, Pedro Martín, ha establecido todos los mecanismos para evitar una posible reincidencia o fuga. El juicio, de entrada, se ha adelantado a la semana que viene.
La ley establece que el periodo máximo que una persona que espera juicio puede estar en prisión es de dos años. En cualquier caso, es susceptible de prorrogarse a instancia de las distintas partes que deben argumentarlo ante la sala, que tiene la última palabra.
Este trámite no llegó a realizarse en el caso del hombre acusado de agredir a Lucía Murillo, una vecina de Martorell (Barcelona) el 24 de octubre del 2002. Así, la sala puso en libertad al agresor el pasado 1 de noviembre. Mantenerlo en prisión hubiera atentado contra la legalidad porque no se llevaron a cabo los trámites judiciales obligatorios para prorrogar su privación de libertad.
La sección segunda de la Audiencia de Barcelona reconoció ayer su parte de culpa al explicar que "un problema de transcripción incorrecta de datos impidió, por un día, revisar a tiempo la situación del procesado". Pero la polémica estaba servida con una frase del comunicado en la que aseguraba que "el ministerio fiscal tampoco pidió la prórroga".
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), José María Mena, no tardó en salir a defenderse al asegurar que existe un informe de la fiscal del caso en el que "pide expresamente el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional sin fianza". El magistrado presidente de la sección segunda, Pedro Martín, explicó que el acusado se presenta cada día en el juzgado y la víctima goza de protección de la Guardia Civil.
