La asociación empresarial CEOE y los sindicatos CCOO y UGT aseguraron ayer que la propuesta les fue formulada el año pasado por los reponsables del Plan de Prevención del Tabaquismo, pero no se avanzó "por su complejidad".

"Entran en juego la voluntad del fumador, el derecho de la persona que se siente perjudicada y las circunstancias de cada empresa", advirtió la patronal.

"Estamos dispuestos a negociar las medidas. Esperamos que la ministra nos concrete su iniciativa. La aplicación en el 2005 parece apresurada", comentó José Valdés, responsable de drogodependencias de CCOO.

La UGT consideró que es necesario realizar un análisis de la situación actual, desarrollar normas con fuerza jurídica y dotar de medios económicos, humanos y materiales a la iniciativa.