El consumo de prostitución en España es uno de los más elevados del mundo. Según algunos estudios, este podría ser el tercer país con mayor número de clientes, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico, aunque dado que la compraventa de un cuerpo para practicar sexo es ilegal en muchos estados, no hay datos fiables. Tampoco en España se ha hecho una investigación a fondo. En cualquier caso, empezando por el Gobierno, continuando por el Consejo General del Poder Judicial y siguiendo por la mayoría de los especialistas, hay consenso en torno a que la industria del sexo en España es de las más boyantes del mundo. Pese a ello, las discrepancias, incluido en el ámbito feminista, sobre si conviene regular la prostitución o abolirla, para así garantizar mejor los derechos de las mujeres, son constantes y se han acrecentado ahora que se acerca el 8-M, Día de la Mujer. De hecho, la coordinadora de la segunda huelga feminista ha dejado de lado el tema y ha incluido entre los motivos para parar de nuevo y tomar las calles el 8 de marzo lo que sí une al feminismo: la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas ejercen esta actividad de forma forzada y de sus cuerpos se lucran, por tanto, las mafias y los proxenetas.
LOS PARTIDOS
La falta de un consenso en torno a qué hacer con la prostitución es uno de los motivos que explican, precisamente, el auge del sexo de pago, según Sara Vicente, especialista en la materia de la oenegé Comisión para la Investigación de los Malos Tratos.
Salvo el PSOE e IU, que se declaran abolicionistas -pero el primero, estando en el Gobierno, no ha llegado a alumbrar ninguna medida tendente a esta solución-, el resto de los partidos se mueven entre la indefinición del PP, el debate interno de Podemos y la apuesta de Ciudadanos por regular esta práctica. «Los políticos solo abundan en la normalización del fenómeno y en la culpabilización de las mujeres que ejercen la prostitución, con el discurso de que están ahí porque quieren, por lo que se merecen lo que les pase», opina. Vicente se queja de que, al contrario de lo que ocurrió con la lucha contra la esclavitud, ahora los abolicionistas son «tachados de no respetar los derechos de las mujeres», bajo el discurso de que prohibir la actividad puede sumir a las víctimas en una mayor desprotección si cabe.
A la indefinición política se une una sociedad que tolera y normaliza el pago por sexo. Pocas personas ven con malos ojos que un hombre o varios en una despedida de soltero acudan a un prostíbulo, como sí ocurre en otros países. Y es que España tiene, aún hoy, una sociedad muy patriarcal en la que pervive el modelo de masculinidad de «vividor-follador», en palabras de Águeda Gómez, socióloga y coautora del libro El putero español (Los Libros de la Catarata). Estos varones acuden a los lugares de alterne, además de para satisfacer su deseo sexual, para «demostrar su masculinidad, que son supermachos y no homosexuales, como si se tratara de un acto de reafirmación en masa y del patriarcado». En su opinión, esto enlaza con un cambio en el paradigma afectivo-sexual. En el mayo del 68, sostiene, el sexo era mayoritariamente «un acto de comunicación, hedonista y democrático», mientras que ahora «predomina la lógica materialista, donde el dinero lo rige todo. Ellos pagan y mandan, y ellas dicen ‘hago lo que quiero con mi cuerpo’».
En este contexto, muchos medios de comunicación «apoyan la industria del sexo», se benefician de la inserción de publicidad y muestran «imágenes de putas felices», que contribuyen a normalizar la prostitución, denuncia. Además, la falta de una educación afectivo-sexual en las escuelas hace que muchos jóvenes aprendan en el porno lo que no les enseñan en los institutos o en casa. Y la pornografía predominante «cosifica a la mujer y fomenta la cultura de la violación, dando el mensaje de que, aunque las mujeres digan que no, quieren practicar sexo», añade.
A todo ello se une la legislación española, que solo penaliza la prostitución forzada y no introdujo el delito de trata con fines de explotación sexual hasta el año 2010. El paradigma legislativo dio un vuelco, según denuncia Sara Vicente, cuando en 1995 el entonces Gobierno socialista despenalizó el proxenetismo lucrativo, lo que originó la multiplicación de locales de alterne. «Antes de la entrada en vigor del cambio legal, la prostitución era algo residual, ejercida por españolas sin recursos. La ley originó un tránsito de pensamiento y actuación al permitir a un tercero organizar un negocio donde se puede explotar a las mujeres», explica, lo que ha multiplicado el número de prostíbulos y, para dotarlos de mano de obra, las redes que trafican y traen a España mujeres de todo el mundo. Pese a ello, diversas operaciones anticorrupción han puesto de manifiesto que muchos políticos cierran negocios corruptos en prostíbulos. «La connivencia entre autoridades y la industria sexual existe», subraya Águeda Gómez.
PERSONAS VULNERABLES
A ello se suma que las pocas mujeres que se atreven a denunciar que han sido víctimas de un tratante tienen que demostrarlo. «Es su palabra contra la del proxeneta, es muy difícil demostrar el delito», explica Vicente. Y lo corrobora la Fiscalía de Extranjería, que en un reciente informe achacó las dificultades de persecución a que «las redes de crimen organizado convierten a las víctimas en personas muy vulnerables» que, debido al miedo, no suelen denunciar. La falta de persecución penal hace que los delincuentes prefieran optar por la industria del sexo a otros negocios ilícitos. Además, la prostitución «mueve muchísimo dinero y suele ocupar el segundo o tercer puesto de las economías ilícitas», que se ven beneficiadas «por estructuras que hacen posible que el dinero negro pueda ser blanqueado», según las investigaciones de Rosa Cobo, autora de La prostitución en el corazón del capitalismo (Los Libros de la Catarata).
