La mayoría de los españoles, el 66,2%, cree que los homosexuales deberían tener derecho a casarse por lo civil, como ha prometido el Gobierno, y el porcentaje de los ciudadanos que, al igual que la Conferencia Episcopal Española, opinan lo contrario asciende al 26,5%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta, realizada el pasado mes de junio, desvela que el número de españoles que están "muy de acuerdo o bastante de acuerdo" con que los homosexuales tengan los mismos derechos que los heterosexuales a la hora de adoptar niños --un 48,2%-- es algo superior al número de ciudadanos que están "poco o nada de acuerdo".

Sin embargo, a pesar de esas cifras, casi la mitad de los consultados --47,6%-- dice que las parejas de heterosexuales "garantiza mejor el bienestar de los niños".

Pese a la relativa tolerancia que demuestran los españoles, hay datos que corroboran que todavía hay mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad total. Por ejemplo: tres de cada diez encuestados considerarían un problema grave el hecho de que su hijo tuviera relaciones homosexuales.

Es más, el 13% están de acuerdo con que la homosexualidad es "una enfermedad que debe ser tratada" y el 4% dicen que es una "conducta que debería ser sancionada". Eso no impide que la mayoría de españoles nieguen ambos extremos.

El barómetro desvela también que la mayoría de españoles --44,8%-- consideran que las parejas de hecho (no especifica si son o no del mismo sexo) deberían tener los mismos derechos y obligaciones que los matrimonios. Sin embargo, siete de cada diez opinan que las autoridades no deberían reconocerles el derecho a adoptar niños.

Por último, respecto a la inmigración, el 17% de los españoles considerarían un problema grave que su hijo se casara con una persona de otra raza. El porcentaje se eleva al 19% si se trata de la hija.

ADVERTENCIA A LA IGLESIA El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, advirtió ayer a la cúpula eclesiástica de que las aportaciones económicas del Estado "tendrán que acabar algún día". La Iglesia católica, según el ministro, tendrá que buscarse "la autofinanciación a través de las aportaciones de los feligreses". Caldera hizo estas declaraciones en la cadena SER al ser preguntado por el veto de los obispos al matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Actualmente, el Estado paga el sueldo de los obispos, sacerdotes y profesores de religión.