Acaba de aprobarse la ley integral que establece medidas de modo transversal para prevenir, sancionar y resarcir a las víctimas en los casos de violencia sexista en el ámbito familiar.
Los cambios en el Código Penal, la creación de una delegación del Gobierno, de un observatorio y del fiscal especial pueden ser instrumentos valiosos, al igual que la formación y sensibilización en el ámbito educativo, judicial y sanitario. El asegurar un acceso rápido y eficaz a los servicios de atención a las víctimas deberá comportar la unificación de la respuesta institucional a día de hoy desigual y dispersa.
Todas éstas y otras nuevas medidas pueden llenar de esperanza a la población, pero pueden también ser sólo espuma si quienes tiene que aplicarlas no participan de la idea central con la que el propio texto empieza: "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Es un símbolo de las más brutal desigualdad entre hombres y mujeres".
*Abogada.
