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El Estado invierte un 62% en i+d en salud, pero no se beneficia de los resultados

No puede rebajar el precio de los medicamentos, pese a que haya habido investigación pública. El Gobierno pierde el control cuando trasfiere a las empresas la explotación del descubrimiento

 

Un laboratorio del Parc Científic de Barcelona. - JOSEP GARCIA

PATRICIA MARTÍN
29/01/2019

En el terreno de la investigación biomédica, se da la paradoja de que el Estado es el que más invierte, el 62%, frente al 38% de la industria, pero luego no obtiene un beneficio directo de este gasto, en la gestión del precio o de la propiedad intelectual. Esto provoca que, por ejemplo, aunque una universidad o centro de investigación público haya descubierto la molécula que puede dar origen a un medicamento, este, tras patentarse, se desarrolle y comercialice por una farmacéutica que vende al Gobierno el producto sin ningún tipo de descuento, pese a ser además el principal comprador de fármacos.

Es lo que pone de manifiesto el informe Interés público en la innovación biomédica, elaborado por la Fundación Salud por Derecho, que ha analizado cómo es la inversión en i+d en salud en España, sus magnitudes, qué intereses predominan y si se tiene en cuenta el interés público. La conclusión es que los avances desarrollados en centros públicos son habitualmente protegidos por patentes, que posteriormente se traspasan a las compañías a través de una licencia de explotación de la tecnología o cediendo su titularidad a cambio de una contraprestación económica.

LOS INDICADORES

Pese a que la aportación del Estado es muy significativa, según Óscar Sánchez Jiménez, experto en trasferencia de tecnología, tal como está diseñado el sistema, se invisibiliza en el momento en que las empresas privadas adquieren o se apropian de las tecnologías y el conocimiento. De hecho, los indicadores no permiten valorar el interés público y el impacto social. Por ejemplo, no existe información sobre cuántos fármacos, métodos diagnósticos o tecnologías se basan en el conocimiento generado en las universidades y centros de investigación financiados por el Gobierno.

No sólo ocurre en España, el sistema está montado así, explica Oscar, mientras que Irene Bernal, responsable de acceso a medicamentos de Salud por Derecho, indica que el debate en torno a la necesidad de salvaguardar o proteger la aportación estatal se está produciendo en varios países, así como en el seno de la Organización Mundial de Salud (OMS). En el contexto internacional, no obstante, EEUU es un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas sobre el itinerario de una patente, según ambos investigadores.

LAS PROPUESTAS

Siguiendo este y otros ejemplos, el informe propone que en España, una vez definido que se considera interés público, se fortalezcan los sistema de evaluación, para determinar si se han alcanzado los objetivos marcados; se establezcan medidas que aseguren la transparencia, el acceso y los precios asequibles a los productos resultantes de la inversión pública y se impulsen políticas que permitan gestionar con transparencia los conflictos de intereses en la innovación biomédica.

Además, el estudio indica que la inversión en i+d en salud, que cayó un 8,5% con la crisis, aún no se ha recuperado, lo que ha provocado recortes, reducción del número de proyectos y precarización de las condiciones laborales del personal investigador; pese a que las aportaciones de las autonomías y de la UE han sido claves para paliar, en parte, la situación.

En cuanto a la industria, la financiación que aporta al sector público se mantiene por debajo del 10%. Pese a ello, el sector farmacéutico es el principal beneficiario de las ayudas, lo que sorprende, según el informe, porque la gran mayoría son compañías multinacionales o empresas consolidadas con un fuerte volumen en ventas.