Los robots hace tiempo que dejaron de ser parte de la ciencia ficción. El mercado está plagado de ellos. Vehículos capaces de conducir de forma autónoma, brazos que han sustituido a trabajadores en innumerables sectores industriales, máquinas que redactan noticias sobre la evolución de los mercados de valores o simplemente juguetes cada vez más interactivos. En una resolución legislativa aprobada ayer (con 396 votos a favor, 123 en contra y 85 abstenciones), la Eurocámara pide a la Comisión Europea que presente propuestas para regular un ámbito que genera muchos interrogantes desde el punto de vista ético y jurídico.

«Es urgente mantener un debate tan amplio como sea posible y que no se limite al círculo científico y de ingenieros», reclamó la ponente del informe, la socialdemócrata luxemburguesa Maddy Delvaux, que ha dedicado más de año y medio a la preparación del texto. «Cada vez más áreas de nuestra vida están afectadas por la robótica y debemos garantizar que los robots siguen al servicio de los humanos», esgrime.

El Ejecutivo comunitario, que tiene la iniciativa legislativa, no está obligado a seguir las recomendaciones. Sin embargo, si decide no hacerlo deberá responder en un plazo máximo de tres meses -extensible a otro más- explicando los motivos de su negativa. Y de momento, a tenor de la opinión expresada por el comisario de Innovación, Carlos Moedas, no parece tener excesivo interés por hacerlo. «Es un informe crucial», admite el comisario portugués, que se escuda en que primero es necesaria «una amplia consulta» y «un análisis profundo antes de llegar a conclusiones porque tienen un impacto».

Según Bruselas, la UE ya cuenta con diversas normativas que cubren la responsabilidad civil de los daños causados por robots, como es la directiva de maquinaria, la de seguridad de los productos o los dispositivos médicos, pero no cierra la puerta a analizar el potencial impacto.

PROPUESTAS EN ESTUDIO

«Varias de las normativas están en fase de evaluación. Una vez que esté concluida, podríamos decidir dar nuevos pasos pero por ahora es prematuro anunciar ninguna medida legislativa en este terreno», avanzan. Si se comprometen a legislar las propuestas, según el Tratado, deberían presentarse en el plazo de un año o incluirse en el próximo programa de trabajo anual de la Comisión.

El informe aprobado no recoge todas las peticiones aprobadas hace poco más de un mes por la comisión de asuntos jurídicos. Por ejemplo, para disgusto de la ponente, se ha eliminado del texto la idea de crear una renta mínima para compensar las consecuencias del uso de robots sobre el mercado laboral. «La coalición de derechas PPE-ECR-Liberales ha rehusado considerar el posible impacto negativo», lamenta.

El desarrollo de la robótica «podría generar grandes cambios», incluido la creación o destrucción de empleo, señala Delvaux. «Queremos que la Comisión siga las tendencias y lance un debate sobre nuevos modelos de empleo y la viabilidad del sistema fiscal y social», añade.

El texto sí pide en cambio legislación para aclarar la responsabilidad civil en caso de accidentes, especialmente en relación a los vehículos autónomos, y pide la creación de un régimen de seguros obligatorio para los fabricantes y un fondo de compensación para cubrir las reclamaciones de víctimas en caso de accidentes en los que estén implicados coches sin conductor.

A largo plazo también plantea crear un estatus legal específico como «personas electrónicas» para los robots; un código de conducta ético para investigadores y diseñadores, para garantizar unos estándares legales y éticos, y que el diseño respete la dignidad de las personas; así como una agencia europea de robótica e inteligencia artificial para asesorar a las autoridades europeas.

Además, mantienen la idea de que los ingenieros incluyan a la hora de diseñar robots los llamados «botones de la muerte», para desactivarlos de forma remota en caso de que se desarrolle algún tipo de problemas.