José Luis Rodríguez Zapatero podrá ser recordado por muchas cosas, pero sin duda pasará a la historia como el impulsor del matrimonio gay, entre otras leyes. Y Pedro Sánchez ha iniciado su andadura con el firme propósito de recuperar derechos perdidos con la crisis y poner en marcha una serie de medidas, de gran impacto social, y que podrían situar a España en la vanguardia mundial. Una de ellas es la regulación de la eutanasia. Solo nueve países y algunos estados norteamericanos reconocen el derecho a decidir sobre la propia muerte o el suicidio asistido legal. El PSOE decidió impulsar una proposición de ley al respecto, como una de sus primeras medidas tras llegar al poder. Y el Congreso aprobó ayer la toma en consideración, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, partido que consideró un «fracaso de la sociedad» que no se procure dar «otra salida» a los enfermos con un sufrimiento insoportable.

El PSOE se apunta de esta forma un tanto, que será completo si la normativa acaba viendo la luz esta legislatura, algo complicado porque el reloj juega en contra de Sánchez y también su debilidad parlamentaria, la fragmentación del Congreso y que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado, que no puede vetar leyes, pero sí dilatarlas. Cabe recordar que Zapatero aprobó medidas novedosas, como el matrimonio gay o la ley del tabaco con más escaños y bonanza económica, dado que la crisis llegó al final de su mandato.

Pero, con un panorama más desfavorable, Sánchez se mueve en el terreno de la prudencia. Por ello ha avisado de que no derogará la reforma laboral, para evitar posibles roces con Podemos o el PDECat, que le apoyaron la moción de censura. Por contra, pisa fuerte en el campo de los gestos, como que haya más mujeres que hombres en su gabinete o la llegada del barco Aquarius. Además, busca complicidad con los morados, apoyando algunas de sus iniciativas, como la de poner en marcha permisos de paternidad iguales e intransferibles, que también ayer fue tomada en consideración por el pleno del Congreso. Y, por último, impulsa medidas que le diferencian claramente de Mariano Rajoy y sabe, de antemano, que podrían contar con apoyo en las Cortes.

OTRAS MEDIDAS / En este contexto, en el primer Consejo de Ministros puso en marcha la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y en el Parlamento el PSOE promovió como primera medida mejorar la formación de los jueces en igualdad, que fue aprobada por unanimidad, tras el escándalo de La manada. Son propuestas que, además, no tienen un fuerte impacto económico, para no tener que desobedecer la disciplina fiscal de Bruselas, que Sánchez quiere respetar. Tampoco lo tendrá la regulación de la eutanasia, a la que se acogerían un puñado de enfermos en situaciones extremas «como consecuencia de un pronóstico irreversible», según indicó Lastra en la defensa de la iniciativa. Las estimaciones de las unidades de cuidados paliativos es que en torno a un 2% de las personas atendidas pedirían anticipar su muerte, según los datos recabados por Derecho a Morir Dignamente.

La propuesta plantea incluir la prestación en la cartera de servicios del sistema nacional de salud, para aquellos pacientes con una enfermedad o discapacidad «grave» y un sufrimiento «insoportable», que les haga depender de otras personas. Pero no es necesario que sufran una dolencia terminal. Tras solicitar el derecho a morir, el paciente necesitaría el aval de dos médicos, que podrían ejercer el derecho a la objeción de conciencia.

DIFÍCIL TRAMITACIÓN / El voto a favor de Podemos, el PDECat o incluso Ciudadanos -que ha pasado de la abstención al apoyo- podría augurar una tramitación tranquila, pero algunos partidos avisaron de que exigirán «férreas» garantías de seguridad jurídica para médicos y pacientes. Además, la dificultad de conjugar el derecho a morir con la ética médica, que se centra en salvar al enfermo, podría suponer una fuente de conflicto. Los socialistas señalaron que su propuesta es una «buena ley», que ha sido consensuada con asociaciones, profesionales y expertos. Si bien, Cs discrepó y avisó de posibles fallos e incongruencias. Y el grupo catalán pedirá que los diputados sean asesorados con comparecencias de especialistas, lo que podría dilatar su aprobación.

De hecho, la llamada ley de muerte digna, que impulsó Cs hace un año para mejorar los cuidados paliativos y que se diferencia de la regulación de la eutanasia por que afecta exclusivamente a personas en la fase final de su vida, lleva más de un año en el trámite de ponencia. La norma socialista prevé eliminar del Código Penal el castigo por inducir o cooperar en el suicidio. El Congreso ya aprobó en mayo estudiar su despenalización.