Cuando el actual director general de la DGT, Pere Navarro, aludió el martes a las dificultades de rebajar en España el límite de velocidad de las carreteras convencionales sabía de lo que hablaba. Una de sus antecesores, María Seguí, salió ayer a la palestra para contar que su propuesta se quedó en un cajón del Ministerio del Interior en el 2013 porque desde la cúpula del mismo argumentaron que «no era el momento adecuado». «Fue un acto de cobardía política total», describió.

Seguí, la máxima responsable de Tráfico entre 2012 y 2015, dejó claro que cualquier técnico o experto en seguridad vial no tiene ninguna duda del impacto de la velocidad en los fallecidos y heridos graves en accidente de tráfico y que, por tanto, de forma «rigurosa» y «objetiva» levantar el pie del acelerador disminuye el riesgo y los fallecidos.

«Ojalá este Consejo de Ministros diga, ‘Hágase lo que es bueno’, y no tenga pánico a revolucionar un asunto que afecta a todo el país», deseó Seguí, después de que Navarro pusiera el martes sobre la mesa de nuevo la propuesta de reducir los límites de velocidad en las carreteras convencionales de 100 km/ a 90 para atajar el aumento de la siniestralidad. «Cualquier persona que llega a la DGT con perspectiva técnica sabe que la institución tiene la llave del control de la velocidad y es verdad que en ocasiones se ha empleado a lo bruto, pero, si ese resorte se usa bien, no hay que tener pánico», defendió la exdirectora.

MULTITUD DE ESTUDIOS / Ella encargó multitud de trabajos, entre ellos, un informe avalado por el Consejo Superior de Tráfico en el que se analizó «todo» respecto a la velocidad en convencionales, desde el flujo del tráfico por tramos a la siniestralidad, el ahorro que supondría a las arcas públicas en atención a heridos o los puntos mal señalizados.