La Sección de Penal de la Comisión de Codificación encargada de revisar los delitos sexuales ya tiene una idea clara de cuál será la propuesta que elevará al Ministerio de Justicia: acabar con la diferencia que el Código Penal hace entre abuso y agresión, en función de si hubo prevalimiento o violencia o intimidación, para que siempre se considere con esta última denominación, con una graduación de penas en función de la gravedad. No obstante, su propuesta definitiva no estará pergeñada hasta dentro de un mes, pues, como adelantó EL PERIÓDICO, ha sido necesario una prórroga para finalizar el encargo recibido.
La comisión dispondrá hasta final de año para presentar un informe definitivo sobre la reforma de los delitos sexuales y la fecha del próximo encuentro será el 13 de diciembre, día por el que se ha decantado la mayoría de los 28 miembros de esta sección, que llevaba sin reunirse desde el 24 de mayo, cuando se sumaron a este órgano asesor 15 mujeres. La incorporación de las catedráticas, magistradas, abogadas y fiscalas se produjo a raíz del escándalo que supuso constatar que en la Sección de Penal, a la que se había encargado revisar este tipo de delitos tras las protestas que provocó la sentencia de La Manada, no había, porque no se convocaba desde el Gobierno de Felipe González.
El motivo de la prórroga es que los miembros de la comisión puedan estudiar las dos propuestas de redacción con la que se reflejará el cambio normativo que sufrirán los delitos sexuales. No varían tanto en cuanto al fondo, como en la forma. Es decir, difieren en cómo debe plasmarse la modificación para que se ajuste más o menos a la redacción actual del Código Penal, cuya última reforma se produjo en el 2015.
Durante este mes los expertos se mantendrán en contacto a través del correo electrónico, ya que muchos de ellos residen fuera de Madrid y reunirse más tiene sus complicaciones, para pulir y hacer aportaciones a las redacciones sometidas a su dictamen. Debido al cambio de Gobierno, durante estos meses, ni siquiera la subcomisión para que la se designó a seis de los expertos se intercambió correos con propuestas más allá de principios de junio.
SOSPECHAS
Ello motivó que entre los miembros de la comisión surgiesen sospechas de que su encargo había quedado diluido a favor del pacto de Gobierno firmado entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. De hecho, la reunión de la comisión no se ha producido hasta que ese encargo no ha sido refrendado por la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, más allá de en declaraciones públicas en las que se comprometía a mantener el realizado por su antecesor, Rafael Catalá.
La propuesta de la comisión de simplificar los delitos sexuales para que todos se consideren agresión, con distintas penas, coincide además con lo previsto en la ley de protección integral de la libertad sexual y la erradicación de las violencias sobre la mujer, presentada por Podemos en julio. Va en la línea de la legislación sueca y permite neutralizar la principal crítica que recibió la sentencia de La manada: que se condenara por abuso sexual a los cinco acusados, aunque se les impusiera una pena de nueve años.
Es también como se castigan las agresiones a menores en el artículo 183 del Código Penal, que prevé penas de cinco a 10 años cuando se cometan con violencia o intimidación y «cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías», de ocho a 15 años.
