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La falta de dinero frena el despegue del pacto antimachista

Montserrat se comprometió a tramitar 200 millones este año al margen de las cuentas . El Gobierno se escuda en el bloqueo de los presupuestos para incumplir el acuerdo

 

Manifestación contra la violencia machista celebrada en Valencia en el 2015. - MIGUEL LORENZO

MANUEL VILASERÓ
01/02/2018

El pacto de Estado contra la violencia machista contiene un elemento clave: una dotación adicional a la lucha contra esta lacra de 1.000 millones de euros en cinco años. Como anunció la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, en el 2018 se iba a empezar con los primeros 200 millones, pero el Gobierno no ha incluido esta partida en ninguno de los decretos ley de créditos extraordinarios aprobados hasta ahora y ante los reproches de los grupos de la oposición, la política catalana ha acusado a estos de ser los culpables de este incumplimiento al «no estar dispuestos a votar los presupuestos» de Mariano Rajoy.

El PSOE y Unidos Podemos (UP) habían convocado de urgencia a la ministra en la comisión de Igualdad del Congreso pedirle explicaciones y arrancarle una fecha. La socialista Ángeles Álvarez le exigió que, como tarde, se apruebe en marzo el decreto porque «de lo contrario muchas de las medidas que dependen de esa dotación no se podrán aplicar hasta el 2019».

Los 200 millones deben repartirse en 100 para el Gobierno, 80 para las autonomías y 20 para los municipios. Todos destinados a 20 de las medidas incluidas en el pacto de Estado. Dada la urgencia que requieren muchas de ellas todos los grupos creyeron, y así lo dijo Montserrat a finales del año pasado, que se optaría por los créditos extraordinarios una vez bloqueda por el PNV la aprobación de los presupuestos cuentas. Pero en los primeros decretos del Ejecutivo, la violencia machista ha brillado por su ausencia.

Una de las causas de la urgencia por aprobarlos es que una vez estén publicados en el BOE para que las autonomías o municipios puedan a acceder a ello deben presentar los correspondientes proyectos y el Gobierno tramitarlos, algo que conlleva varios meses de gestiones.

Monserrat reiteró que «la ley de presupuestos es el instrumento más válido» para llevar a cabo los compromisos del Estado del Bienestar y también los compromisos económicos del pacto de Estado de 1.000 millones en cinco años, pero aseguró que sino se aprueban las cuentas, «en los primeros tres meses del año» el Gobierno buscará «instrumentos alternativos», como hacerlo mediante un crédito extraordinario, tal y como le reclamó el Congreso en una reciente proposición no de ley.

«Traiga el decreto extraaordinario y se lo votaremos a favor. Otra cosa sería apoyar unos presupuestos que imponen nuevos recortes», le respondió Álvarez, con una buena dosis de incredulidad sobre el nuevo compromiso de la ministra, ya que su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, situó hacia el verano la aprobación de nuevos cráditos extraordinarios.

La diputada de ERC Teresa Jordà optó por la ironía. «Se equivocó de año ministra. No pasa nada. Al presidente Rajoy le pasa a menudo», dijo, recordando el lapsus del jefe del Ejecutivo en su mensaje del pasado 31 de diciembre, cuando confundió el nuevo año con el 2016.

Más allá de las discrepancias sobre la financiación, la oposición se ha quejado de la falta de un calendario concreto en la ejecución del resto del pacto cuando se cumplen seis meses de su firma. En su intervención inicial, Montserrat sacó pecho al afirmar que «alrededor de la mitad de las 214 medidas del pacto ya han iniciado su proceso de ejecución».

Y entre ellas destacó la creación de grupos de trabajo que han empezado a redactar la reforma de 20 artículos de la ley integral del 2004, así como las nuevas leyes contra la Trata de Seres Humanos y contra la Violencia Sexual y otras formas de Violencia contra la Mujer.

HIJOS ASESINADOS

Entre estas reformas destaca el reconocimiento como víctimas de las madres cuyos hijos han sido asesinados por los agresores machistas, así como revisar los textos legales vigentes sobre regímenes de visita y custodia de menores hijos de maltratadores.

También la concesión de prestaciones de horfandad a aquellos cuyas madres no cotizaban a la seguridad social, tal y como propuso el PSOE, recordó, en una proposición no de ley, así como la desgravación en el IRPF a quienes tienen la patria potestad de los huérfanos. Hasta la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes le reprochó que en su interminable relato la ministra se haya quedado en el «haremos» sin incluir «datos concretos, calendarios, plazos». «Esperamos del Gobierno algo más que palabras vacías, fotos y propaganda», remató la portavoz del partido de Albert Rivera, repitiendo algunas de las palabras del resto de la oposición. «El pacto era solo una foto o pondrá los medios materiales para ejecutarlo», se preguntó al final. «Han trabajado tanto, tanto que hasta han diseñado un logotipo para el pacto», ironizó también la socialista Álvarez.