Estaba siendo una noche de diversión, con música country y decenas de universitarios en la pista de baile y la barra, solo dos días después de que las elecciones legislativas monopolizaran la atención de Estados Unidos. Pero aquella celebración de la vida se convirtió pasadas las 11 de la noche en un carnaval de muerte. Un hombre vestido de negro y con una pistola semiautomática abrió fuego contra el guarda de seguridad e irrumpió en el bar disparando metódicamente contra los parroquianos. Muchos corrieron a esconderse en el ático, bajo la mesa de billar o rompieron las ventanas en su huida, según describió la Policía. Cuando todo acabó, habían muerto 12 personas, incluido uno de los policías que se enfrentó al asaltante.

Esta última masacre llega menos de dos semanas después de que 11 feligreses judíos fueran tiroteados en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania) y nueve meses más tarde del asesinato de 17 estudiantes en un instituto de Parkland (Florida). Yendo un poco más atrás en el tiempo, casi coincide con el primer aniversario del tiroteo en la iglesia de Sutherland Springs (Tejas) y en un festival de música de Las Vegas (Nevada), dos incidentes muy cercanos en el tiempo que dejaron un total de 84 muertos. A pesar de la terrible periodicidad de estas matanzas indiscriminadas, la pasividad política sigue siendo la norma. «Que Dios bendiga a todas las víctimas y sus familias», dijo el presidente Donald Trump a través de las redes sociales, una de las fórmulas clásicas para lavarse las manos cuando irrumpe la tragedia.

Esta última tuvo lugar en el Borderline Bar & Grill de Thousand Oaks, una localidad al norte de Los Ángeles rodeada de universidades. Y como ocurre a veces, su responsable era un conocido de las autoridades. Tenía 28 años y se llamaba Ian David Long. Sirvió en los Marines hasta el 2013 y todo hace indicar que tenía problemas mentales. El pasado mes de abril, la Policía acudió a su casa tras ser alertada por un alboroto. «Hablaron con él, estaba colérico y actuó de forma un poco irracional», según el sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean. Los agentes sospecharon que podía padecer estrés postraumático, pero finalmente los expertos psiquiátricos que lo evaluaron allí mismo desestimaron su internamiento.

Las autoridades desconocen los motivos del crimen y han descartado que se trate de terrorismo. El pistolero se suicidó antes de que la policía acabase con él. La Administración Obama aprobó una ley para restringir el acceso a las armas de los enfermos mentales. Pero Trump revocó esa ley en marzo del 2017 para devolverles todas las facilidades.