La reforma educativa tendrá una financiación específica para llevarla a cabo, al contrario de lo que reclamó inútilmente desde la oposición el PSOE para la ley del calidad (LOCE), que sólo se ha llegado a implantar parcialmente. La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, asumió ayer públicamente este compromiso, de manera que la aplicación de las reformas se puedan iniciar en el curso 2006-2007, tras su presentación a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas. La memoria económica acompañará el proyecto de ley que se presente en enero-febrero del 2005.