La fiscala Raquel Amado ha asegurado hoy en el juicio que se celebra contra la quiebra presuntamente fraudulenta de Spanair que los miembros del último consejo de administración de la compañía actuaron de forma negligente y con falta de diligencia, ya que fiaron todo el futuro de la aerolínea a la entrada de Qatar Airways. La representante del ministerio público ratificó que la aerolínea retrasó cinco meses la presentación del concurso de acreedores a sabiendas de que la sociedad se encontraba en situación de insolvencia.
La fiscalía, sin embargo, ha rebajado su petición para los antiguos directivos de Spanair de 72 a 47 millones de euros, al restar la cantidad de 25 millones de fondos públicos entregados por una de las encausadas, Avançsa, la empresa pública de la Generalitat y una de las administradoras, a partir de septiembre del 2011. Antes ya había aportado 56 millones. También ha reclamado la inhabilitación por dos años de los exejecutivos.
Amado insistió en que la aerolínea estaba en insolvencia real desde junio del 2011, aunque su delicada situación económica era histórica. De ahí, recalcó que un grupo de empresarios catalanes y la administración comprara en el 2009 la línea aera por un euro, en un "proyecto de país".
La fiscal no ha dejado de lado en su informe a la Generalitat y ha comparado la actuación del actual secretario general de la Conselleria d’Economia, Albert Carreras, con el expresidente de la compañía y demandado, Ferran Soriano. "No había ninguna diferencia entre Carreras y Soriano, pues el primero estaba codirigiendo Spanair", alegó. Por lo tanto, entiende que la Generalitat era "coadmninistradora".
El abogado de los administradores concursales, Bosco de Gispert, también ha reclamado que se declare la quiebra culpable y que de ella respondan los antiguos miembros del consejo de administración. La diferencia con la fiscalía, además de que esta parte sigue reclamando 72 millones de euros, es que no se opone a la posibilidad de que no se inhabilite a los antiguos ejecutivos, pues este castigo, a su entender, afectaría a terceras personas que no tienen nada que ver con el asunto.
El letrado ha asegurado que la crisis se Spanair remonta al 2009 y el consejo de administración encausado no supo "atajar" el déficit. El agujero económico de la aerolínea cuando cerró ascendía a 500 millones de euros. La administración concursal ha agregado que se han de incluir las tasas aeroportuarias impagadas a Aena, que ascendían a unos 56 millones de euros, a la deuda, pues esta es exigible, aunque se negociara, y, por lo tanto, la cantidad debe ser reclamada a los exconsejeros de la empresa.
Ha insistido en que el dinero aportado por la Generalitat no era un crédito ilimitado, sino que era un préstamo y que si no se recuperaba la administración entraría en el capital social de la compañía. "Era una huida hacia delante", ha definido el abogado la actuación de los exdirectivos. La deuda con la Tesorería de la Seguridad Social a diciembre del 2011, antes de presentar el concurso de acreedores, ascendía, además, a 17 millones de euros.
"Volaba, luego pagaba"
La defensa de los demandados, entre ellos Ferran Soriano, subrayó que en junio del 2011 Spanair era "extraordinariamente solvente" y que hizo frente a sus pagos hasta enero del 2012, cuando presentó el concurso de acreedores. "Volaba, luego pagaba", ha insistido uno de los abogados. Y era solvente, ha agregado el mismo letrado, porque contaba con el respaldo económico de la Generalitat. Desde junio del 2011 hasta enero del 2012, la compañía, ha explicado, pagó más de 400 millones de euros. La Administración autonómica aportó en total 81 millones de euros.
"Lo negligente hubiera sido dejar de volar en junio del 2011", ha señalado uno de los abogados, que ha agregado que la empresa no tenía necesidad alguna, tal y como sostiene la fiscalía, de retrasar la presentación del concurso de acreedores y que lo único que se intentaba conseguir es la entrada en la aerolínea de un socio industrial, en concreto Qatar Airways.
Otro abogado defensor ha insistido en la solvencia de la compañía y ha aseverado que se pretende la condena de los exconsejeros por haber "intentado crear 11.000 puestos de trabajo, generar 1.300 millones y que suba tres puntos el PIB" de Barcelona. Los letrados insistieron en que la quiebra fue "fortuita".
El juicio, según avanzó el magistrado, no quedará visto para la sentencia hasta que no llegue un oficio de Aena y que tanto las acusaciones como las defensas puedan hacer sus alegaciones pertinentes. Se espera que haya sentencia el próximo mes de septiembre.
