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INICIATIVA PIONERA

La fiscalía impulsa la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia

El ministerio pçublico propone revisar los mecanismos para detectar y prevenir este tipo de conductas Advierte que debe denunciarse a la Administración, sin pasar antes por el "filtro" de las entidades implicadas

 

El pederasta confeso de los Maristas, Joaquim Benítez, saliendo de la Audiencia de Barcelona, hace unos meses. - RICARD CUGAT

J. G. ALBALAT
24/06/2019

La Fiscalía General del Estado alerta en un informe remitido al Ministerio de Justicia sobre la necesidad de aunar esfuerzos para combatir los abusos o agresiones sexuales a menores en congregaciones de la Iglesia católica, a la vez que requiere la puesta en marcha de mecanismos eficaces y fluidos para la "adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas". También aboga por el perfeccioneamiento de los mecanismos de actuación para denunciar estos hechos. Para ello, se ha propuesto iniciar de "forma inmediata contactos con las entidades implicadas a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea. En su opinión, es indispensable la "revisión y actualización" de los protocolos.

El ministerio público, sin embargo, no ha podido cuantificar, por la deficiente estadística existente, cual es el número concretos de investigaciones por abusos sexuales a alumnos en el ámbito religioso, tal y como le requería el Ministerio de Justicia. Pero si ha podido concretar los escritos de acusación por abusos o agresiones sexuales a menores de 16 años a nivel general. Así en el 2017, se presentaron 965 y en el 2018, 1091. La sentencias registradas fueron: en el 2017, 560, y en el 2018, 737.

La fiscalía sostiene en su informe que fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores que tienen lugar en el seno de las actividades que desarrollan congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas es una realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos. Admite que este problema no es solo una cuestión de respuesta penal, sino que también son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos que se han podido producir. Solo de esta manera se puede articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención de estas conductas.

COMISIONES EN EL EXTRANJERO

El ministerio púnico pone como ejemplo iniciativas la comisión creada en el 2012 en Australia y otras similares de Holanda y Austria. Si se creara algún organismo similar en España , la fiscalía se compromete a colaborar e implicarse en él para obtener un conocimiento histórico y extraer las consecuencias del mismo. Al mismo tiempo, desde la Fiscalía General del Estado se está llevando a cabo un seguimiento de las actuaciones que, en el ámbito de los centros de enseñanza católicos (Federación Española de Religiosos de la EnseñanzaTitulares de Centros Católicos (FERE-CECA)), en el de diversas Diócesis de España (como las de Burgos, Sigüenza y Astorga) y en el de la propia Conferencia Episcopal Española, se están realizando para elaborar y actualizar los protocolos de actuación ante situaciones.

La fiscalía hace un llamamiento para crear canales que permitan hacer llegar a las autoridades las sospechas sobre abusos sexuales a menores, pero advierte que esta puesta en conocimiento habría de realizarse de forma directa por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo, evitando comprobaciones o filtros internos de verificación previos por parte de la Institución en cuyo seno se ha detectado el caso. Y ello, sin perjuicio, por supuesto, de las medidas que ésta deba o pueda adoptar para evitar reiteraciones de hechos similares en el ámbito de sus competencias.

Son las Administraciones especializadas en la protección de menores (entidades públicas y Fiscalía) quienes deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los afectados, incide la fiscalía, A su entender, se impone, pues, una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos, para poder dar así una respuesta más eficaz a tan grave problema