El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España. El departamento encabezado por Dolores Delgado considera que estas empresas «se lucran» de una actividad que es ilegal en España realizándola «a través de terceros países» donde podrían estar incurriendo en varios delitos.
Delgado aclaró que no se investigará ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y «no a todas», si bien no precisó el número sobre las que existen indicios. El Gobierno sospecha que estas intermediarias podrían estar explotando en terceros países a mujeres, especialmente a las más vulnerables y con mayores necesidades. Además de lucrarse, recalcó Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.
«Es un tema muy, muy grave», enfatizó la titular de Justicia, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y estén «traficando con menores». En el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada, según la ministra.
Delgado recordó que hay países que no tienen prohibida esta práctica, aunque en algunos se realiza con más control y debe contar con las preceptivas autorizaciones, mientras que en otros no existe garantía alguna. «Antes al contrario, se explota a las mujeres», aseguró.
El ministerio también sospecha que, en ocasiones, se hace pasar por hijos biológicos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.
La investigación se llevará a cabo sin que por ello deje de buscarse una solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subrayó Justicia en un comunicado.
CONTRATO NULO / La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero». Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera. Ciudadanos ha convertido la legalización de la gestación subrogada en una de sus banderas. Según Albert Rivera, recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».
Unos mil niños llegan cada año a España por esta vía, después de que lo padres abonaran entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.
