La Fiscalía de Málaga ha remitido ya al decanato las diligencias realizadas por la Policía para que investigue un supuesto fraude en los cursos de formación para desempleados que fue destapado el pasado mes de abril. La investigación llevada a cabo hasta ahora por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala a 17 empresas que habrían recibido subvenciones por un importe total de 1,7 millones de euros durante el 2010. Fuentes judiciales explicaron que la Fiscalía ha identificado los posibles delitos de falsedad, estafa y fraude en subvenciones.

La denominada operación Edu abrió un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo regional y el central. Andalucía acusó al Ministerio de Interior de filtrar con intereses partidistas y en plena precampaña de las europeas la información sobre un supuesto macrofraude con ayudas públicas que rondaría los 2.000 millones de euros, una filtración que la Policía negó.

Inicialmente la Junta indicó que la Sección de Investigación de la Seguridad Social solo le había requerido información sobre esas 17 empresas, cuyos expedientes estaban aún abiertos y en fase de justificación y alegaciones. Asimismo, explicó que desde septiembre del 2013 se estaba realizando de forma paralela una investigación interna de todas las ayudas concedidas en los programas de formación para el empleo, pero que solo se habían detectado irregularidades en cuatro expedientes, con un montante de 1,5 millones de euros, por falta de justificación.

El decanato ya ha remitido el escrito de Fiscalía al juzgado de guardia, aunque ahora tendrá que ajustarse a las normas de reparto. Entre otras diligencias, el ministerio público ha pedido que se tome declaración en calidad de imputados y testigos a varios presuntos implicados en el caso, a los que ya habría interrogado la UDEF. Entre otras irregularidades, encontraron que muchos cursos no se habían impartido o bien habían incumplido el compromiso de contratar a los formados. En otras ocasiones, se habían falsificado los nombres de los asistentes. Algunas empresas habrían cobrado el 75% de las ayudas antes de cerrar, por lo que no llegaron a justificar los programas para recibir así el 25% restante.