La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes sendas fianzas de 34 millones de euros para los dos empresarios sevillanos José María Sayago y José Enrique Rosendo, después de que la jueza que instruye el 'caso ERE', Mercedes Alaya, les haya imputado hasta cinco delitos a cada uno: de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Su comparecencia se produce más de dos años después de que fueran imputados en este caso, y pese a que la Fiscalía se opusiera recientemente a su declaración al entender que la instrucción ya está agotada y debería ser remitida al Tribunal Supremo al haber aforados implicados.
Los dos empresarios fueron también concejales del PSOE en el municipio sevillano de El Pedroso, el mismo pueblo donde fue elegido alcalde el exdirector general de Trabajo y principal implicado en la trama de los ERE Javier Guerrero. Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ambos empresarios se vieron beneficiados por hasta 34.264.273,70 euros de las ayudas directas concedidas por la Junta de Andalucía a través de un entramado societario, en ocasiones con empresas creadas ad hoc, sin que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social o contaran con trabajadores.
Estas subvenciones excepcionales fueron concedidas de forma arbitraria y sin completar siquiera los trámites necesarios, según la investigación, dado que por ejemplo "en ninguno de los expedientes consta solicitud de ayuda, memorias, proyectos o cualquier otra documentación preceptiva para solicitar ayudas públicas", según la instructora. El informe policial no solo alerta de la concentración "desmesurada" de las ayudas en la Sierra Norte (comarca que recibió 55 de los 85 millones repartidos por toda la comunidad), sino que apunta a que pudo haber un "concierto previo" entre quienes recibían y quienes concedían las subvenciones en la Administración pública. Una afirmación apuntalada por el hecho de que se fraccionaron los pagos de forma intencionada para no levantar sospechas.
Instrucciones de Viera
La Guardia Civil señaló también en dicho informe que el que fuera consejero de Empleo y líder del PSOE de Sevilla José Antonio Viera tuvo una participación “excepcional” en el reparto discrecional de estas ayudas, concedidas "por intereses personales" y "afinidades políticas". Las instrucciones de Viera en este sentido se prolongaron incluso una vez que abandonó la consejería. Aún no ha sido formalmente imputado, dado que al ser senador es un cargo aforado, por lo que debería ser el Tribunal Supremo quien le imputase.
Rosendo y Sayazo se han acogido a su derecho a no declarar, y al finalizar su comparecencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía han reclamado una fianza civil de casi 34 millones de euros, así como la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado, los días 7 y 21 de cada mes.
La Fiscalía había reclamado que no se tomase declaración a los empresarios al entender que la investigación está ya agotaday solo queda elevar la causa al Supremo para tomar declaración a Viera.
En este sentido, en un receso de la comparecencia se ha notificado un auto en el que la jueza Alaya responde a la Fiscalía y rechaza no tomarles declaración, al tiempo en que reitera su voluntad de no trocear el caso. Así, destaca la "importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa", sin perjuicio de que se haga al concluir las diligencias. Un fin que, aventura, "se estima en breve plazo", afirma la jueza, aunque no es la primera vez en estos tres años de diligencias en que se expresa de este modo.
