La fiscala de la sala de violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera, anunció ayer que el ministerio público recurrirá la decisión de la jueza de Madrid de inhibirse y traspasar a un juzgado de violencia machista la investigación en torno al suicidio asistido de María José Carrasco y por el que su marido, Ángel Hernández, pasó una noche en el calabozo y quedó en libertad con cargos. Miembros del Gobierno rechazaron asimismo la derivación, que la defensa de Hernández también recurrirá.
La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, que asumió inicialmente el caso, se ha inhibido con el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo marca, según su interpretación, que cualquier homicidio de un hombre hacia su pareja debe ser investigado en los tribunales especializados.
Sin embargo, según la fiscalía, el magistrado ha hecho una «valoración sesgada» de la doctrina del Alto Tribunal al considerar de manera «automática» que es un delito de violencia de género, sin tener en cuenta que para que concurran estos hechos es necesario que haya una «situación de discriminación, de desigualdad y de dominación del hombre sobre la mujer».
Una situación muy distinta a la de María José Carrasco quien, según Martín Nájera, «había pedido reiteradamente de forma pública y voluntaria terminar con su sufrimiento, había adquirido las herramientas para llevarlo a cabo, había decidido el momento y pidió ayuda a su marido para ejecutar este hecho». Por todo ello, la fiscalía recurrirá ante el juez la inhibición y, si este insiste en su decisión, después ante la Audiencia Provincial.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, también consideró que la muerte de María José es «diferente» del maltrato machista. La titular de Justicia reconoció, eso sí, que «habrá que estudiar la interpretación de la norma».
