El fracaso escolar o porcentaje de estudiantes que no consiguen el título de educación secundaria obligatoria (ESO) aumentó en el curso 2016-2017, cuando se graduó la primera promoción afectada por la LOMCE, la polémica ley orgánica para la mejora de la calidad educativa aprobada en el 2013 por el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert. Según criticó ayer la federación de Enseñanza de CCOO, el descenso en el porcentaje de alumnos que terminaron la ESO «tiene mucho que ver con la LOMCE y su efecto segregador», además del «poco éxito» de la formación profesional (FP) básica, creada por la también llamada ley Wert para dar una segunda oportunidad a los estudiantes que no terminan la ESO.
El secretario de Enseñanza de CCOO, Francisco García, lamentó que, en contra de lo anunciado a bombo y platillo por el PP, en el curso 2016-2017 «se haya roto la tendencia ascendente» de reducción del fracaso escolar que se venía consolidando desde el curso 2007-2008 entre la población que acababa la ESO.
La implantación de la LOMCE en secundaria comenzó para primero y tercero de la ESO en el curso 2015-2016 y en segundo y cuarto el año siguiente, precisamente cuando la tasa bruta de población que la finalizó fue del 75,6%, lo que supone 3,7 puntos menos que en el 2015-2016 (79,3%). Este repunte coincide con la relativa mejora de las condiciones del mercado laboral juvenil. CCOO propuso que se cambie la titulación en ESO por un certificado de competencias del alumno con un consejo orientador de docentes e incrementar los programas de segunda oportunidad para adultos.
MÁS HOMBRES
El estudio Abandono temprano de la educación y la formación y fracaso escolar: diagnóstico y propuestas, presentado ayer, destaca que el abandono es mayor entre varones (21,7%) que entre mujeres (14%) y repercute más entre extranjeros que entre españoles (35,1% frente a 15,3%).
Por comunidades autónomas País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Navarra, Aragón y Castilla y León, más Madrid, se encuentra por debajo de la media; Cataluña y La Rioja se sitúan prácticamente en el promedio español; y las comunidades del sur (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla), así como Baleares y la Comunidad Valenciana, se hallan por encima.
