Durante años, el funcionario Carles Recio acudía cada día a primera hora al archivo de la Diputación de Valencia, fichaba, se iba y volvía a primera hora de la tarde para, de nuevo con su huella dactilar, cerrar una cuestionable jornada laboral por la que cobraba cerca de 50.000 euros anuales. Pero la fiscalía provincial ha archivado su caso. Más allá de las posibles irregularidades administrativas, no se ha acreditado que Recio cometiera ningún delito, en parte porque él mismo avisó a sus superiores de que no tenía un lugar asignado para realizar sus supuestas funciones y ninguno hizo nada por resolverlo.
La diputación apartó este verano a Recio tras determinar que había cometido una falta grave y otra muy grave. La corporación también abrió un expediente a su actual jefa, pero lo paralizó cuando la fiscalía empezó a estudiar el caso. Ahora está previsto que retome ese segundo expediente de la jefa, que podría concluir en una falta grave por ser consciente del absentismo de Recio y no haber dado parte. Recio entró en la diputación a mediados de los 90. Su labor principal era escribir los discursos de los presidentes populares. En el 2005 se descubrió que regentaba un prostíbulo masculino, por lo que fue apartado de sus funciones y enviado al archivo con un puesto de nueva creación pero sin funciones asignadas.
