La comisión de investigación gallega sobre el caso Prestige , que la Xunta clausuró anticipadamente aprovechando la ausencia de los diputados de la oposición y modificando las normas de la Cámara, podrá abrirse de nuevo.

La disolución no fue correcta, según el Tribunal Constitucional, que no sólo anula el acuerdo por el cual fue abortada la comisión, sino que tampoco acepta los cambios en la normativa, porque se "sacrificó" el debate político "en clave de libertad y pluralidad".

El tribunal reconoce así el derecho de amparo solicitado por los diputados del PSdeG y del BNG por entender que el Grupo Popular, con mayoría absoluta, "lesionó" los derechos parlamentarios de la oposición.

La comisión se abrió en el Parlamento gallego a comienzos del 2003, pero los diputados del BNG y del PSOE la abandonaron en protesta por la negativa del Gobierno central a permitir declarar a los responsables de la gestión de la crisis. El Grupo Popular aprovechó la ausencia de la oposición para aprobar unas normas supletorias que permitían a la Cámara disolver una comisión por acuerdo del pleno, en el caso de que se produjera una "imposibilidad objetiva de terminar la tarea encomendada". De esta forma, en marzo de ese año disolvieron el órgano.

La oposición recibió la sentencia con duras críticas al Gobierno de Fraga. El líder nacionalista Xosé Manuel Beiras advirtió de que este fallo deja constancia de que el Parlamento gallego toma "acuerdos inconstitucionales", lo que supone un "grave daño a la credibilidad, dignidad y honor de esta importante institución". El secretario de los socialistas gallegos, Emilio Pérez Touriño, señaló que la resolución es "una condena de la cacicada del PP" y exigió una "rectificación pública" del presidente gallego.