La suerte del polémico almacén de gas Castor está echada. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer en el Senado que el Gobierno sellará de modo definitivo los pozos del depósito. La voluntad del Ejecutivo es desmantelar posteriormente las instalaciones, tanto las submarinas como las situadas sobre la superficie (la plataforma visible), pero esta decisión se subordinará a los resultados de un estudio que está en fase de licitación.

La ministra puso fechas, dado que primero el Consejo de Ministros deberá aprobar formalmente que la instalación pasa a ser inoperativa. Hasta ahora, el almacenamiento solo estaba en hibernación, tras los terremotos causados en las costas de Tarragona y Castellón antes de 2013. Desde entonces las entidades territoriales y los partidos catalanes reclaman el cierre definitivo.

La respuesta de las plataformas creadas en su día para oponerse al Castor no fue entusiasta. Unas pidieron que se ejecute de modo inmediato el sellado definitivo para evitar fugas y otras que se restituya a sus antiguos propietarios los terrenos que fueron expropiados para la infraestructura de tierra. Actualmente los pozos tienen un sellado temporal con tapones provisionales cuya vida en condiciones de seguridad se estima en cuatro años. Dado que se instalaron en marzo del 2016, deberían renovarse hacia el 2020.

La ministra ya anunció a finales del pasado noviembre, en una entrevista a este diario, que su intención era no reactivar la instalación. «Es bastante obvio que no hay que recuperar este almacén. Somos bastante escépticos sobre que sea necesario invertir en nuevas instalaciones de gas», advertía entonces. Ante los senadores fue aún más rotunda. La reactivación es inviable, dijo ayer, por dos razones: «Podría provocar seísmos de una magnitud superior a los registrados anteriormente» (grado 4), según el estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y «no es necesario para el sistema gasista».

La demanda actual de gas se sitúa en los 350 TWh (teravatio hora) y no se esperan grandes incrementos los próximos años dada la senda de descarbonización que marcará la futura ley de Cambio Climático. En el año que se acordó su construcción, además, la demanda alcanzaba los 450 TWh, que se podían atender sin que el Castor estuviera operando. Si ahora se volviera a hacer la planificación de futuras infraestructuras, el «Castor no estaría incluido», añadió.

TAPONES DE HORMIGÓN

Una vez tomada la decisión de no recuperar el almacén «no tiene sentido mantener la situación provisional» porque comportaría un coste innecesario, al tener que reponer los tapones provisionales. El año pasado, los gastos de mantenimiento de Enagás ascendieron a unos 8,7 millones de euros. El mantenimiento del almacén paralizado acumula gastos de unos 50 millones de euros.

El método por el que se sellarán los pozos de modo definitivo está bastante definido a partir de los estudios llevados a cabo por Enagás. Los tapones provisionales se sustituirán por unos definitivos de hormigón a diversos niveles de profundidad. También se procederá a la limpieza de las tuberías. La obra es tan compleja que se calcula una duración de tres años de los trabajos. El coste tampoco es pequeño: unos 60 millones de euros.

La decisión definitiva sobre el desmantelamiento se subordina a los resultados del estudio porque «tiene algunos riesgos que hay que evaluar», sobre todo en la parte submarina, según Ribera. Otras alternativas que han surgido frente a la desmantelamiento, como destinar las instalaciones a «la producción de energía marina, investigación o usos turísticos», no forman parte, en principio, de las prioridades del ministerio.

La ministra para la Transición Ecológica, señaló que, aunque el Ministerio quiso avanzar un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se empezaron a ver las dificultades que tenía presentarlo de manera aislada y llegaron a la conclusión de que todo el marco estratégico de energía y clima se presentara dando una visión de conjunto.