El Gobierno extendió ayer la condición de aforados a la Reina y los príncipes de Asturias, de manera que, si cometen un delito, serán juzgados por el Tribunal Supremo. En estos momentos, en España unas 10.000 personas están protegidas por esta figura procesal. Según datos del Ejecutivo, el grueso (7.500) lo componen jueces, magistrados y fiscales, únicamente en el ejercicio de su cargo, y el resto son políticos (miembros del Gobierno, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, principalmente).
Esta iniciativa, que está incluida en el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial aprobado ayer por el Consejo de Ministros, quiere llenar un vacío legal incomprensible, a juicio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La Constitución estableció la inviolabilidad del Rey y también protegió a los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, pero olvidó las figuras de la Reina, el Príncipe y los consortes. "No recuerdo a ningún país que afore, por ejemplo, a un ministro y no afore al príncipe heredero", argumentó Gallardón.
ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
El número de aforados existente en España -que creció exponencialmente con los estatutos autonómicos, al proteger a sus diputados-- es muy superior al de otros países de la Unión Europea, donde existen figuras procesales similares, pero que afectan a un número mucho más reducido de personas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las audiencias provinciales si cometen delitos en el ejercicio de su cargo. Si se sumaran, la cifra superaría los 200.000, según el estudio escrito por Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar.
"No es un privilegio, incluso en algunos casos alguien podría alegar que es un perjuicio", afirmó Gallardón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Justicia se refiere a que los aforados no tienen derecho a una segunda instancia, no pueden pedir que otro órgano revise la resolución de su caso. Este punto, sin embargo, es cuestionado por algunos expertos, que abundan en otro hecho: que los políticos, y ahora también los miembros de la familia real afectados, tienen el privilegio de que su caso lo juzgue la más alta instancia penal del país, donde están supuestamente los magistrados más experimentados.
A juicio de Gallardón, esta figura procesal sirve no tanto "para proteger a las personas" sino "para proteger a las instituciones". Así lo dijo el ministro en un debate en el Congreso el año pasado, cuando UPD pidió, sin éxito, que se hicieran las reformas a fin de eliminar los distintos supuestos de aforamiento.
EL 'CASO URDANGARIN'
En la rueda de prensa se recordó la imputación de la infanta Cristina por el caso Urdangarin y se le preguntó a Gallardón por qué no se había incluido al resto de la familia real. El ministro respondió que "solamente se incluyen aquellos que ejercen efectivamente funciones de Estado".
El ministro Gallardón se refirió ayer a que el Gobierno, al aforar a la Reina y los Príncipes, estaba corrigiendo una "disfunción" en la estructura del Estado.
