El proyecto que situará a España en la vanguardia de la protección a la infancia verá la luz hoy. El Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, en el que han trabajado tres ministerios (Justicia, Sanidad e Interior) y con el que se pretende reducir el número de menores víctimas (solo en 2017 hubo 38.433). Entre las principales novedades con las que cuenta figura la inclusión en el Código Penal de nuevos tipos penales para castigar la incitación a través de internet al suicidio, a autolesionarse, a realizar actos sexuales y a ciertos trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia.
La ambiciosa reforma, según ha sabido este diario, finalmente aumenta en 12 años el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra los menores, con lo que se da respuesta a una de las reivindicaciones de las organizaciones que les defienden que siempre han considerado insuficiente que el plazo de prescripción empiece a correr cuando la víctima alcanza la mayoría de edad por razones de madurez. El anteproyecto fija ese inicio en el momento en que la víctima cumple 30 años para los delitos más graves: sexuales, homicidio en grado de tentativa, lesiones agravadas, maltrato y trata de seres humanos.
Según establece actualmente el Código Penal, estos delitos prescriben a los 10 o a los 20 años de cometidos, con lo que con la reforma que aprobará el Gobierno las víctimas podrán denunciarlos hasta que cumplan 40 o 50 años de edad.
Además, los condenados por delitos sexuales tendrán más difícil acceder al tercer grado, a disfrutar de permisos penitenciarios e incluso para lograr la libertad condicional y deberán someterse a programas específicos para evitar su reincidencia.
El anteproyecto establece un concepto de violencia tan amplio que trata de incluir toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional del que pueda ser víctima un menor, incluidos los castigos físicos y las negligencias. Para evitarlos se prevé que cualquier persona que advierta cualquier situación de desprotección, riesgo o violencia deberá denunciarlo ante la autoridad competente. Obviamente las profesiones más relacionadas con los niños, como personal sanitario y docente, tendrán una redoblada obligación.
RETIRAR CONTENIDOS DE WEBS / Entre las leyes a las que afecta la reforma figura la Ley de Enjuciamiento Criminal para, por ejemplo, permitir al juez que investigue una web a retirar contenido de forma cautelar, mientras duren las pesquisas. Así se mejorará la lucha contra la pornografía infantil y se frenarán las páginas sospechosas de animar a menores a infligirse algún tipo de autolesión, lo que puede tener una repercusión directa en las denunciadas por promover la anorexia o la bulimia.
Por otra parte, las fuerzas de Seguridad del Estado contarán con unidades especializadas en violencia sobre menores para mejorar su protección y los centros educativos contarán con protocolos para luchar contra el acoso escolar.
