Madrid. -- El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el anteproyecto de la ley integral contra la violencia doméstica que pretende potenciar la prevención de la violencia contra las mujeres y mejorar la protección y la asistencia a las víctimas.La nueva normativa cuenta con una memoria económica anual de entre 50 y 80 millones de euros, endurece las penas para los agresores, crea juzgados especiales y constituye un fondo para financiar una red de servicios sociales destinada a las víctimas.Esta ley favorecerá el acceso de las víctimas a las viviendas de protección oficial y mejorará el modelo que bonifica a las empresas que las contratan; también prevé la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia Doméstica.Según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, con el nombre definitivo de la futura ley se pretende "asegurar entendimiento de lo que pretendemos, con un título descriptivo y extensivo al conocimiento de todos". Caldera ha dicho que el texto será aprobado en Consejo de Ministros el 25 de junio, con la correspondiente Memoria Económica, y que llegará al Parlamento antes del 30 de junio, con lo que el Gobierno cumple con el compromiso de que éste sea el primer proyecto de ley que entra en el Parlamento en la presente Legislatura.InformesDurante las dos próximas semanas, el anteproyecto recibirá el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo Escolar del Estado y el Consejo Económico y Social. Caldera quiere además presentar el texto a las comunidades autónomas la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.Además, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que se abrirá un trámite de audiencia a organizaciones feministas y otras relacionadas con la violencia sobre la mujer para que den opinión antes de su presentación al Parlamento. Según ha expuesto Caldera, entre las novedades de la futura ley estará la inclusión en el sistema educativo de la formación en respeto al derecho de igualdad y la solución pacífica de conflictos; el refuerzo de la protección penal con prisión de seis meses a un año, por ejemplo, para amenazas leves; unidades especializadas en cuerpos de seguridad, nuevos juzgados especializados, y medidas de protección para las víctimas tanto en el ámbito laboral como de inserción en el mercado de trabajo o de subsidio, especialmente en mayores de 50 años en este último caso. Fondo económicoSobre la memoria económica que acompañará el día 23 al ya proyecto de ley, Caldera ha adelantado que establece un abanico de hipótesis de gasto, en función de cuántas personas puedan acogerse a lo previsto en el articulado, y que se calcula en torno a 50 y 80 millones de euros en el conjunto de medidas que afectan a la administración general del Estado. No se incluye el fondo especifico para establecimiento de red de asistencia con las comunidades autónomas, que se fijará anualmente en los Presupuestos del Estado.