La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer en el Senado que su departamento estudia, en colaboración con el de Agricultura y Pesca, el establecimiento de «una moratoria» que prohibiría «completamente la captura de coral rojo» en la costa catalana por lo menos durante un periodo de 20 años.
El veto debería comportar la revocación de las polémicas 12 licencias de extracción que concedió el año pasado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, encabezado entonces por Isabel García Tejerina. Pese a existir un veto de 10 años a la extracción en el Mediterráneo decretado por la Generalitat de Cataluña en las aguas de su competencia, el Gobierno del Partido Popular otorgó los permisos aprovechando la competencia del Estado en una pequeña parte de las aguas costeras catalanas.
La decisión de Ribera formaría parte de un paquete de medidas, también en estudio, destinadas a evitar la extinción de la especie y que incluirían «el establecimiento de zonas de protección integral, la regulación de las visitas de submarinistas en zonas donde se desarrolle el coral rojo y el establecimiento de protocolos para la restauración de las poblaciones más afectadas». La mayoría de estas actuaciones fueron recomendadas por un grupo de 14 expertos internacionales en un informe encargado por la Generalitat de Cataluña.
