Aunque el PSOE fue uno de los partidos que presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable y ha embestido al PP por endurecer el Código Penal hasta prácticamente introducir en España una pena similar a la cadena perpetua de otros países, el Gobierno de Pedro Sánchez no derogará la polémica condena sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la impugnación, interpuesta en el año 2015.
El PP aprovechó la primera sesión de control al nuevo Ejecutivo, ayer en el Senado, para interpelar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre el futuro de una de sus medidas estrella, de la que los populares han hecho bandera para diferenciarse de Ciudadanos en su lucha por el voto conservador. La diputada Esther Muñoz preguntó directamente a la titular de Justicia si el Gobierno prevé derogar la prisión permanente revisable -una pena a su juicio avalada «jurídica, internacional y socialmente»- al igual que va a hacer con otras normas como la ley mordaza, según ha avanzado Sánchez.
Delgado contestó que el Ejecutivo [del PP] introdujo la pena «sin consenso alguno». «Eso nos llevó al recurso de inconstitucionalidad y ese es el marco en el que nos encontramos, porque hay que legislar con la razón y los derechos humanos», precisó. Fuentes de su departamento explicaron después que si el TC se pronuncia esta legislatura y declara inconstitucional la prisión permanente, el Gobierno la eliminará del Código Penal. Delgado aclaró que el Ejecutivo asume los argumentos del recurso, al entender que es una condena «inhumana» que impide la «resocialización, la reinserción y reeducación» del reo, pero considera que existen «herramientas» más eficaces y «no tan vulneradoras de los derechos», como el cumplimiento íntegro de las penas que, con «pequeños retoques», puede hacer que una persona salga de la cárcel más tarde que con la prisión permanente.
A continuación, la nueva ministra de Justicia subrayó que el «Gobierno está con las víctimas» y que trata, «por y para las víctimas, de establecer una política criminal que justamente impida que se cometan este tipo de horrendos crímenes». La mención no es baladí puesto que el PP y Cs, que en los últimos meses endureció su posición hacia la polémica pena, se han alineado con los familiares de delitos muy cruentos, como los padres de Diana Quer o de Mari Luz Cortés, quienes han emprendido una campaña para que no se derogue la prisión permanente.
DEBATE INCÓMODO / Coincidiendo con la resolución del caso Gabriel, ambos partidos presentaron en el Congreso enmiendas a la totalidad a una propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para derogar la condena. Fue un debate incómodo para el PSOE, que tuvo que hacer malabares para defender la eliminación y no acrecentar el enojo a las víctimas. No lo consiguió. Por esa razón, llegar al poder y dar marcha atrás en la prisión permanente le hubiera abierto un gran frente a Pedro Sánchez.
