El golpe a los vehículos de transporte con conductor (VTC) de Uber y Cabify será gradual. Los conductores de estas plataformas podrán seguir operando durante este periodo, pasado el cual las comunidades autónomas podrán decidir cuántas licencias renuevan o incluso si no renuevan ninguna. Lo que si podrán hacer de modo inmediato las administraciones locales y regionales es establecer horarios, días concretos de circulación, recorridos máximos y otros condicionantes como los que afectan actualmente a los taxis.
El decreto ley que contiene esta reforma modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) y fue aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, justificó el traslado de las competencias a la comunidades por el tipo de servicio que prestan las VTC. «Es un transporte urbano, al igual que el taxi, por lo tanto lo normal es que lo regulen las mismas autoridades locales, que son las responsables de la movilidad en su territorio», afirmó. Las autonomías podrán intentar volver a la proporción 1/30 (11.200 VTC por 65.000 taxis) que establece la ley o fijar una propia. Actualmente la ratio en Barcelona es de 1/6 y en Madrid, 1/3.
El periodo transitorio se justifica por la necesidad de evitar un alud de reclamaciones. El decreto lo que hace en realidad es «indemnizar en tiempo» a los actuales titulares, cuya patronal calculaba en unos 3.500 millones de euros el importe que les podía corresponder si se «expropiaban» el 80% de los 11.200 permisos vigentes en la actualidad. «No está la Administración para hacer frente a responsabilidades patrimoniales como las de las autopistas radiales de Madrid», indicaban ayer fuentes ministeriales.
La reforma establece también un plazo de seis meses para que el Gobierno apruebe un proyecto de ley con sanciones más duras para las VTC que incumplan sus condiciones de servicio. Esta es otra de las reclamaciones de los taxistas, que ven cómo su competencia se salta las normas porque le sale más a cuenta pagar multas que seguirlas. Esta reforma se demorará más tiempo porque «no podía hacerse por la vía del decreto al afectar al régimen sancionador», apuntaban las mismas fuentes.
El organismo metropolitano discrepa, en cambio, del periodo transitorio de cuatro años establecido por el Ministerio de Fomento. No cree que esta compensación en forma de tiempo esté justificada «ni desde el punto de vista económico ni el jurídico» y sostiene que complicará mucho la gestión del día. Para minimizar estos efectos negativos, invitará a la Generalitat a desarrollar conjuntamente «el máximo de medidas de limitación y regulación de la prestación de las VTC», en la línea de lo que le permite el real decreto.
