El Congreso remitió hace unos días, con el único apoyo del Partido Popular (PP), el proyecto de ley de racionalización del sector público al Senado. La iniciativa está pendiente de sus últimos pasos de tramitación parlamentaria. En cuanto resulte aprobada --inevitable dada la mayoría absoluta de los populares en las Cortes--, tendrán efecto algunas de las polémicas medidas que plantea, como es la desaparición de una institución que nació en 1983: el Consejo de la Juventud de España (CJE).

Según los cálculos del Ejecutivo, el ahorro que se logrará con la supresión de este organismo de representación de los jóvenes supera el millón de euros. Además, alega que sus funciones son las mismas que las que ejerce el Instituto de la Juventud de España (Injuve). Pero el todavía presidente del Consejo, Ricardo Ibarra, y buena parte de los partidos de la oposición, con el PSOE a la cabeza, consideran que los argumentos gubernamentales son erróneos.

"Los verdaderos motivos ocultan persecución política", ha llegado a apuntar en rueda de prensa Ibarra, que insistió en que los conservadores no soportan la existencia de un órgano de representación de los jóvenes "independiente". En este contexto, añadió que el ahorro "real" por la supresión del Consejo de la Juventud sería de 294.340 euros, ya que es uno de los organismos más pequeños de la Administración del Estado, representando su presupuesto el 0,8% de toda la estructura ministerial.

Se da la circunstancia de que el propio Parlamento Europeo envió una carta al presidente Mariano Rajoy instándole a reconsiderar su decisión sobre el Consejo de la Juventud. Con poco éxito, tal y como parece a la vista de las resoluciones.