LA INTENCION del Ejecutivo socialista es realizar una "reforma puntual" de la ley del jurado para que los tribunales populares puedan juzgar también a jueces y magistrados que hayan cometido un delito en el ejercicio de sus funciones. Así, cuando dicten una resolución a sabiendas de que es injusta, la infracción se podría castigar con hasta cuatro años de prisión. EFE
