Nada más llegar al poder, el Gobierno anunció que en seis semanas recuperaría la sanidad universal. Y este viernes, justo cuando se agota el plazo, el Consejo de Ministros aprobará un decreto que deja sin efecto el aprobado por el PP en el 2012 y que excluyó a los inmigrantes simpapeles -salvo embarazadas y menores- del sistema nacional de salud, excepto en caso de urgencias.

Según ha argumentado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a lo largo de este tiempo, es "cuestión de decencia" que la sanidad sea un derecho para todos los residentes en España. Además, es más barato, puesto que la atención en urgencias es más gravosa que en los centros de atención primaria. Por ello, todas las autonomías habían sorteado el decreto del PP, pero sin armonía ni seguridad jurídica. Una situación que el Ejecutivo ha decidido corregir, revocando parte de la normativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis para introducir ahorros en el sistema. En el mismo decreto se introdujeron también copagos farmacéuticos, que Montón se ha comprometido a eliminar, empezando por los de los pensionistas con menores ingresos económicos.

En el 2012 los populares justificaron la exclusión de los inmigrantes simpapeles con la excusa de impedir el turismo sanitario. Como este riesgo persiste, Sanidad ha estudiado la posibilidad de introducir "garantías" para impedir "los abusos". Así, en los primeros borradores se establecía que había que estar al menos 90 días empadronado en España para obtener la tarjeta sanitaria. Si bien, los migrantes por razones económicas o refugiados podrán obviar esta condición con un informe de los servicios sociales, para que los límites no dejen a nadie fuera del sistema.