Los sin papeles que acrediten una relación fehaciente con el mercado laboral y lleven en España "un tiempo importante", en concreto desde los años del Gobierno del PP, podrán acceder a un permiso de trabajo y residencia, confirmó ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. También podrán acceder a los mismos derechos quienes denuncien a los empresarios que pretendan contratarlos de forma irregular. Estas medidas están incluidas en el plan de integración de los inmigrantes que el Gobierno quiere poner en marcha a partir de septiembre.
En declaraciones a la agencia Europa Press, la secretaria de Estado de Inmigración dijo que el reglamento que prepara el Ejecutivo afectará a un "número importante" de personas, si bien indicó que la cifra final dependerá de los empresarios y empleadores "que estén dispuestos a colaborar y a acabar" con la actual situación de economía sumergida en la que viven esos trabajadores.
Rumí insistió en que para conseguir la regularización no servirá una mera oferta laboral. "El reglamento no va a resolver la situación de los que vinieron ayer o hace tres meses --precisó--. Hay que resolver la situación de muchas personas que se encuentran aquí en situaciones que hemos heredado y a las que el Gobierno anterior no dio respuesta".
La secretaria de Estado explicó otro objetivo: "Queremos hacer emerger la economía sumergida, que tiene como primera víctima al inmigrante que no tiene contrato en regla, no está dado de alta, no cotiza, no paga impuestos y no colabora al enriquecimiento del país", agregó. Según Rumí, el Ejecutivo arbitrará "todas las garantías" para que el proceso se lleve a cabo.
