Emiliano Álvarez empezó a sufrir abusos por parte de un sacerdote cuando tenía 10 años. El miedo, el dolor y la vergüenza por lo que vivió acabaron con su infancia y marcaron su vida adulta. Hoy tiene 52 años y hasta hace dos no fue capaz de contar y denunciar lo que padeció. Su caso forma parte de la campaña Rompamos el silencio, puesta en marcha por Save the Children frente al abuso, pero también contra el encubrimiento y la impunidad que envuelven las violaciones de niños. Y es que el caso de Emiliano Álvarez ha prescrito y, por lo tanto, no va a ser ni investigado ni enjuiciado. Por ello, víctimas y oenegés presionan al Gobierno para que amplíe los plazos de expiración de la pederastia, de forma que los afectados tengan más tiempo para dar el difícil paso de revelar lo que sufrieron e intentar que los culpables cumplan condena.

El Ejecutivo comparte que hay que mejorar la protección de los menores expuestos a la violencia, por lo que está elaborando una ley integral destinada a prevenir y erradicar todo tipo de agresiones a niños, que prevé tener lista en el segundo semestre del 2019. En este contexto, Justicia ha elaborado un informe en el que se muestra favorable a ampliar los plazos de prescripción para «tratar de paliar que el mero transcurso del tiempo impida iniciar la persecución penal o llegar a exigir responsabilidades de los autores», porque las víctimas «requieren en muchos casos largos años de recuperación psíquica antes de poner los hechos en conocimiento de terceros y formular la consiguiente denuncia», según fuentes del ministerio.

Tras la última modificación del Código Penal, los abusos a menores prescriben entre 5 y 15 años a partir de la mayoría de edad de la víctima (es decir, como máximo a los 33 años). Pero el caso de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona, entre otros, puso de manifiesto que es un tiempo insuficiente porque de los 13 profesores denunciados solo uno se sentará en el banquillo y únicamente por cuatro de las 17 denuncias.

De hecho, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente una moción de ERC que reclama que los cómputos comiencen a contar cuando el niño que haya sufrido el ataque sexual cumpla 30 años, en línea con la legislación alemana. Justicia considera «prematuro» fijar este plazo sin hacer más análisis y es favorable a dejarlo más abierto, según las mismas fuentes. Por ello, propondrá la constitución de un grupo de trabajo para que se fije en su seno la ampliación de plazo más adecuada.

SIN REUNIONES DESDE JUNIO

Es la misma comisión encargada de revisar los delitos sexuales en el Código Penal y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con perspectiva de género, tras el malestar que generó la sentencia de La manada que condenó a los cinco acusados por abusos y no por violación. El Gobierno encomendó al órgano que tenga listo su informe sobre los delitos sexuales el 15 de noviembre, plazo que se amplió después de que se incorporaran mujeres.

La ampliación de los plazos de prescripción en los abusos a niños es un debate abierto en muchos países. En el Reino Unido no prescriben y en Alemania empiezan a contar a partir de que la víctima cumple 30 años. Save the Children y otras organizaciones en un principio abrazaron este plazo, pero en el último borrador de ley contra la violencia hacia los menores entregado al Gobierno elevaron el límite a los 50 años. Entre las víctimas, el deseo mayoritario es que no prescriban.