Greenpeace denunció ayer los estragos que está causando el ladrillo en el litoral español, en especial en el Mediterráneo y en el Atlántico sur. «El 80% de los recursos ambientales de la costa están degradados tras 30 años de urbanización masiva», concluye el estudio A toda costa 2018, elaborado por la organización y el Observatorio de la Sostenibilidad, presentado ayer en el MY Esperanza, uno de sus tres barcos, anclado en Barcelona.

El informe constata que la superficie de costa urbanizada se ha duplicado durante las tres décadas de vigencia de la Ley de Costas (aprobada en 1988), pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas, lo que supone un 13% del territorio costero frente al 2% del interior.

Cataluña lidera el ranking del ladrillo con el 26,4% de sus costas urbanizadas -se eleva hasta el 41% en la provincia de Barcelona-, seguida por la Comunidad Valenciana (23%) y Andalucía (15,4%). El 36,5% de las playas españolas «no merece el calificativo de natural», aportó Raúl Estévez, biólogo del Observatorio de la Sostenibilidad.

La investigación de los activistas ha evaluado por primera vez la pérdida de bienes y servicios ambientales de los 10 primeros kilómetros de la franja litoral, más allá de los 100 metros de la línea de playa protegidos. «La barbarie del hormigón, el urbanismo salvaje, está arrasando con todo, también con los recursos naturales que proporciona el litoral, necesarios para un desarrollo sostenible. La Ley de Costas no ha sido suficiente», alertó Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de Greenpeace.

A modo de advertencia, la experta recurrió al dicho atribuido a un jefe indio: «Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer». Reflexión que no ha calado en los políticos. Marcos recordó los estragos que hizo la Ley del Suelo aprobada por Aznar en 1998. Todo el suelo se declaró urbanizable, salvo que estuviera prohibido, lo que otorgó gran potestad a los municipios para llevar las grúas a la costa, disparando «cientos de casos de corrupción». En los últimos Presupuestos del Estado, lamentó, tan solo el 7% destinado a la costa es para su preservación. «La mala gestión costera ha supuesto costes multimillonarios para los contribuyentes», remachó Marcos.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los ecosistemas costeros proporcionan bienes y servicios ambientales clave para el desarrollo económico y social; seguridad alimentaria, I+D y turismo, entre otros. «También son la tabla de salvación para adaptarnos a los impactos del cambio climático: generan lluvias para frenar el avance de las sequías, amortiguan las inundaciones y controlan la erosión del suelo», explicó Paloma Nuche, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Bajo la dictadura del cemento, la pérdida más alarmante ha sido la de cultivos y pastizales (13%), principales generadores de alimentos. También han disminuido la vegetación de la ribera de los ríos y otros cauces de agua (10,6%); las salinas; la capacidad de generación de lluvias por la pérdida de bosques y humedales, y el disfrute de las actividades en la naturaleza.

Las únicas zonas que se mantienen intactas son las protegidas (parques nacionales, parques naturales...), informan los activistas, que reclaman aumentar estas áreas para preservar los ecosistemas. La organización pide una nueva Ley de Costa «que tenga en cuenta el cambio climático» y que no se base en criterios topográficos «establecidos en un despacho». Marcos recordó que la Ley de Costas de 1988 «marcó un hito», porque convirtió a España en uno de los primeros países en establecer el acceso gratuito a las playas y tuvo «efectos muy positivos», pero denunció que «no se ha aplicado de forma conveniente en todo el territorio».