Efectivos de la Guardia Civil se personaron en la mañana del pasado miércoles en el domicilio de la exdiputada y ex concejala del Ayuntamiento de Barcelona Inma Mayol Beltrán, para acceder al contenido de diversos archivos y material informático de su propiedad.
El registro se enmarca en la investigación de la comisión de un posible delito mediambiental en Baleares. Lidera las pesquisas el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado. La operación de la Guardia Civil sigue abierta, según indican fuentes policiales, y responde a un sumario cuyas actuaciones están bajo secreto por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Palma de Mallorca.
Inma Mayol, histórica dirigente de ICV que fue teniente de alcalde del consistorio de Barcelona en el gobierno del socialista Jordi Hereu y es pareja de Joan Saura, exlíder de ICV y exconsejero de Interior ocupa desde 2015 el puesto de gerente de la empresa pública municipal Emaya de Palma de Mallorca. La firma gestiona los servicios de aguas, limpieza, alcantarillado y residuos de la capital balear, que es la ciudad de origen de Mayol.
EMPORIO PÚBLICO
Emaya, con 114 millones de euros de presupuesto, es una de las sociedades públicas más grandes de Baleares. En los últimos cuatro años ha sido feudo de dirigentes ecosoberanistas de Més, partido que se repartió el Gobierno municipal con los socialistas baleares en la anterior legislatura.
Consultada telefónicamente por EL PERIÓDICO, Inma Mayol, por consejo de los servicios jurídicos de Emaya, no ha querido hacer comentarios a la entrada y registro de la Guardia Civil de la que ha sido objeto en su casa.
La investigación del Seprona sucede a otra de la Guardia Civil sobre el funcionamiento interno de la empresa y que también sigue abierta. Se desarrolló en noviembre de 2018 y tuvo por objeto la presunta falsificación de seis títulos acreditativos de dominio de la lengua catalana en un proceso de selección de personal de la empresa municipal.
En parte por su gran tamaño y amplias competencias, Emaya ha sido objeto de otras investigaciones y denuncias por supuestos casos de enchufismo y prevaricación. El socialista balear Ramón Perpinyá es el actual presidente de la sociedad.
Durante la anterior legislatura, informan fuentes municipales palmesanas, la firma ha protagonizado frecuentes quejas de empresarios locales de diversos sectores turísticos por un supuesto descontrol en el vertido de aguas residuales a la bahía de Palma a causa del deficiente estado de sus instalaciones y en días de lluvia moderada o intensa. Los vertidos obligaban a colocar la bandera roja en las playas afectadas.
